ALTIBAJOS SECTORIALES
Mucho se ha comentado acerca de la importancia de que en el arranque de esta administración y en el contexto de un amplio acuerdo político, el “Pacto por México”, se hayan acordado diversas reformas estructurales que retomaban un proceso de modernización. Ello generó grandes expectativas dentro y fuera del país; tal vez mayores en el exterior. Era el “Mexico’s Moment” y el inicio de los reconocimientos y halagos a los funcionarios del gobierno en múltiples foros internacionales (financieros, energéticos, visitas de Estado, etc.), de los que algunos perduran hasta hoy como el de la semana pasada en el que la Foreign Policy Association le otorgó al presidente Peña el premio “Estadista 2016”. Vaya momento para hacerlo.
La realidad es que la crisis política (Ayotzinapa, casa blanca, corrupción, visita de Trump, etc.), la inestabilidad económica (depreciación cambiaria, repunte inflacionario, recortes al gasto y presupuesto 2017) y el entorno internacional (petróleo, tasas de interés, magro crecimiento y elecciones en EU) han configurado un coctel muy complejo que no sólo ha significado un deterioro de la confianza de la población y de su credibilidad en las autoridades sino que ya se traduce en cuestionamientos a las reformas estructurales. De acuerdo con el análisis “México: política, sociedad y cambio; escenarios políticos” de septiembre, que se realiza con base en los resultados de la encuesta trimestral GEA-ISA (se puede consultar en www.structura.com.mx/gea), los cambios en las percepciones de la opinión pública acerca de las reformas son preocupantes, por decir lo menos.
En primer lugar, 68% de la población encuestada opina que las reformas son “poco” o “nada” importantes para el país, en comparación con sólo 25% que considera que “mucho”. Segundo, todas las reformas estructurales evaluadas individualmente muestran un deterioro significativo de opiniones favorables. A la pregunta de “¿Cree usted que las cosas en el país están cambiando para bien o para mal con la reforma…?” entre septiembre de 2014, cuando ya estaban todas aprobadas y algunas en proceso de instrumentación, y septiembre de 2016 la educativa pasó de 58% “para bien” a 43%, la energética de 37% a 24% y la hacendaria de 28% a 18%. La percepción sobre otras reformas (telecomunicaciones, transparencia, financiera y político-electoral) también se deterioró aunque en menor grado.
Resulta particularmente delicado el caso de la reforma educativa, en la que abunda con mayor detalle la encuesta GEA-ISA. A pesar de que la población encuestada la reconoce como la más importante (34% de total) y a la mejora de la educación como el mayor acierto del gobierno (10%; otras acciones o programas tienen porcentajes inferiores y 35% opina que ninguno), 47% se manifestó en desacuerdo con esa reforma (vs 43% de acuerdo) y un elevado 58% opinó que se debe modificar. Ello parece basarse en que las opiniones sobre si la reforma es benéfica o perjudicial para la calidad de la educación y la formación de maestros están divididas a partes iguales. También sorprenden, sobre todo por los esfuerzos del gobierno y en particular del secretario de Educación por desprestigiarla y descalificarla, las percepciones sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): 46% de la población encuestada tiene una buena o muy buena opinión (en comparación con 41% de mala o muy mala) y 81% manifiesta que el gobierno debe dialogar con la CNTE, aunque 54% desaprueba sus movilizaciones contra la reforma.
Si bien reformas profundas (económicas, políticas o administrativas) conllevan un proceso natural de desgaste en su instrumentación, a ello se ha sumado el deterioro general de la gestión del gobierno en un entorno complicado pero con errores graves en múltiples ámbitos. El riesgo evidente es que, ante un rechazo creciente de la opinión pública, se reduzcan los alcances de las reformas estructurales o se reviertan. La tentación será elevada para los partidarios de cualquier color.
Opine usted: Twitter: @ruizfunes
mruizfunes@ gmail.com