Frente a la migración de retorno no bastan las buenas intenciones
El discurso antiinmigrante de Donald Trump ha puesto un reflector sobre la problemática que enfrentan niños y jóvenes migrantes de retorno en relación al sistema educativo mexicano. Constituye una buena noticia que el gobierno federal está interesado en el asunto y esté proponiendo reformas legales para hacer efectivo el derecho a la educación de este sector de la población. Los cambios propuestos revelan, sin embargo, que no bastan las buenas intenciones para resolver el problema.
El jefe del Ejecutivo federal envió en días pasados al Senado de la República una iniciativa preferente para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación (LGE). La iniciativa tiene dos objetivos principales. Primero, evitar que la falta de documentos académicos o de identidad impida el acceso de niños y jóvenes al sistema educativo, ofreciéndoles, para ello, opciones más flexibles para contar con dichos documentos. Segundo, simplificar la revalidación de estudios realizados en el extranjero y facilitar el acceso de los migrantes de retorno a las universidades del país. Esto último, entre otros, a través de: autorización a las universidades privadas a otorgar revalidaciones parciales de estudios de licenciatura; emisión por parte de la SEP de normas para la revalidación de estudios en el extranjero; y permiso a las autoridades educativas para autorizar a las instituciones de educación superior que cuenten reconocimiento de validez oficial de estudios para otorgar revalidaciones parciales de estudios de licenciatura.
La propuesta de reforma de la LGE revela interés en el tema por parte del gobierno federal y apunta, en lo general, en la dirección correcta. Pero, como dice el dicho: el diablo está en los detalles. Y, los detalles contenidos en las modificaciones propuestas a los acuerdos 286, 328 y 379 –todos ellos referidos a acceso escolar por parte de alumnos con estudios previos en otro país y/o carentes de documentos académicos o de identidad, así como a la revalidación de estudios en el extranjero y actualmente en revisión en Cofemer– presentan, desafortunadamente, importantes insuficiencias.
Los ajustes planteados a dichos Acuerdos incluyen avances, en especial, para el caso de la educación superior, nivel para el cual la tramitología relevante sigue siendo rocambolesca en extremo. Destacan: la eliminación del requisito de la apostilla y de la traducción al español por perito profesional de documentos académicos y de identidad para acceder a la universidad y para la revalidación parcial de estudios, así como la autorización a las instituciones educativas mexicanas en las que el alumno quiera matricularse a emitir opiniones técnicas sobre estudios previos y a verificarlos electrónicamente para agilizar procesos de ingreso y revalidación.
En las modificaciones propuestas, sin embargo, se siguen incluyendo trabas y trámites complejos cuya racionalidad y razón de ser resulta difícil entender. Por ejemplo, para el reconocimiento de validez oficial de estudios el requisito de “contenido programático equiparable” con programas nacionales se reduce del 75 al 60%. (¿Por qué ese requisito y ese porcentaje? ¿A cuántos más beneficiará esta medida?) Se autoriza -cosa que no ocurría antes- la revalidación completa de estudios superiores en el extranjero sin mayor trámite, pero sólo para estudios realizados en universidades -distintos a los de la áreas jurídicas y salud- con las que el Conacyt tenga convenios de movilidad. (¿Por qué sólo para esas universidades? Excluir a Derecho se entiende, pero, ¿por qué retener tanta traba para estudios en el área de salud?) Un último ejemplo: se elimina el requisito de revalidación de licenciatura en el extranjero -excepto para educación normal- para admisión a estudios de posgrado en México, pero se mantiene si la persona quiere ejercer profesionalmente en el país. (Bien por la eliminación tramites ingreso a posgrados en universidades mexicanas, pero, ¿por qué se exceptúa de esta nueva regla a la educación normal? y ¿por qué no simplificar y flexibilizar los requisitos para que profesionales formados fuera del país puedan ejercer y aportar sus conocimientos y experiencia laboral en beneficio de la economía mexicana?).
La persistencia de obstáculos y trámites costosos y engorrosos en las revisiones propuestas para las reglas aplicables para para poder cursar estudios en el país, obtener los títulos correspondientes y/o revalidar estudios en el extranjero revela inercias e intereses burocráticos profundos. Si acaso queremos hacernos cargo del problema y aprovechar los activos con los que han retornado ya millones de mexicanos y pudieran, regresar –en la mayoría de los casos sin desearlo– millones de más, sería hora de sacudir en serio esas inercias y ese entramado de intereses que sólo benefician a unos cuantos.
Para ello, habría que empezar por formar un grupo técnico que se integre, formalmente y a la brevedad, a la discusión y revisión de las propuestas de modificación presentadas por el gobierno federal a los diversos ordenamientos que regulan este asunto. Ello, a fin de aprovechar el conocimiento experto en la materia externo al gobierno, ampliar la pluralidad de las voces legítimamente autorizadas para construir una respuesta oportuna e inteligente, así como limitar el peso de las inercias y los intereses corporativos que tienen atrapada en la cerrazón a la educación nacional y, muy en especial, a nuestra educación superior.