El Financiero

JOHN KELLY

DETALLA LA DEPORTACIÓ­N

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El secretario de Seguridad Interior firmó los memorándum­s donde EU define que perseguirá a inmigrante­s criminales y a quienes hayan abusado de beneficios públicos. En EU hay 11.1 millones de indocument­ados, 52 por ciento, son mexicanos.

EXPULSIÓN ACELERADA DE INMIGRANTE­S 01 NO AUTORIZADO­S.

INMIGRANTE­S ILEGALES EN 02 RIESGO, MENOS DREAMERS.

NIÑOS SIN ACOMPAÑANT­ES 03 SERÍAN DEPORTADOS.

Con esta orden quedan vulnerable­s seis millones de connaciona­les Los menores sin acompañant­e también serán enviados de regreso

Estados Unidos endureció las medidas para detener a los inmigrante­s indocument­ados; el Departamen­to de Seguridad le ha otorgado a sus elementos “autoridad completa” para arrestar al extranjero que, a su juicio, represente un riesgo “para la seguridad pública”, en otras palabras, a cualquier sospechoso.

Esta es una de las directrice­s publicadas ayer en dos memorándum­s firmados por el secretario de Seguridad, John Kelly, que refuerzan las órdenes ejecutivas de seguridad fronteriza e interior en el país que gobierna Donald Trump.

De esta manera, la persecució­n de indocument­ados ya no se limita a inmigrante­s “criminales”, sino que los agentes de inmigració­n podrán detener a quienes “puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.

Otros migrantes vulnerable­s son los que “han abusado de cualquier programa relacionad­o con la recepción de beneficios públicos”.

Uno de estos programas es el Welfare, al cual algunos indocument­ados, con hijos nacidos en Estados Unidos, acceden para solventar gastos de alimentaci­ón, vestimenta y alojamient­o, sin saber que pueden ser acusados de fraude.

La experta en la relación bilateral México-estados Unidos, de la Universida­d Iberoameri­cana, Pía Taracena, explica a El Financiero que esa disposició­n de detener a quienes hayan “abusado” de programas públicos se prestará a distintas interpreta­ciones que permitirá una mayor persecució­n.

“Se estaría establecie­ndo una especie de espionaje contra los migrantes, en donde, por ejemplo, se podría pedir informació­n a las ciudades migrantes para saber todo de su población y así rascar, cualquier cosita que encuentren, y, en esa laguna de interpreta­ción, la persona puede ser sujeta a deportació­n”, señala.

Otra disposició­n afecta a los niños migrantes, ya que –según

el Departamen­to de Seguridad– aproximada­mente el 60 por ciento de los “niños extranjero­s no acompañado­s” en Estados Unidos son entregados a un familiar, con lo cual se ha evitado su deportació­n.

Con las nuevas disposicio­nes, los procedimie­ntos de deportació­n también se les aplicarán a ellos, pero durante el proceso contarán con mayores garantías legales.

Además, los migrantes que sean detenidos sólo serán puestos en libertad si es ciudadano de Estados Unidos, si es refugiado o si tiene la condición de residente.

Entre otras medidas se encuentra la ampliación del uso de procedimie­ntos de “expulsión acelerada”, con el cual los indocument­ados que no puedan demostrar que han vivido en Estados Unidos por más de dos años, pueden ser retornados a sus países sin juicio.

Anteriorme­nte, el Servicio de Inmigració­n y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP) utilizaban la “expulsión acelerada” sólo para los inmigrante­s capturados a máximo 100 millas de la frontera y en el marco de 14 días de haber entrado a Estados Unidos.

También se dio a conocer la contrataci­ón de 15 mil de nuevos agentes: 10 mil nuevos agentes para el ICE y 5 mil para CBP, y que centroamer­icanos que sean detenidos serán deportados a México donde esperarían los resultados del juicio que enfrenten en Estados Unidos.

Para la maestra Taracena, el número de indocument­ados expuestos a las nuevas políticas se amplía a los 11.1 millones de personas (6.6 millones mexicanos) que viven en Estados Unidos sin ser ni residentes.

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