Importa lo nuestro

En el primer debate entre candidatos al gobierno del Estado de México, la representante de Morena, Delfina Gómez, fue acusada varias veces de retener de forma ilegal parte del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco, cuando fue presidenta municipal, para entregarlo a su partido. De manera inexplicable, al día siguiente, Delfina Gómez reconoció en entrevistas que sí había retenido el dinero, a petición de los mismos trabajadores. Como suele ocurrir, en otros momentos dijo cosas diferentes, pero hay evidencia documental de que retuvo el dinero y lo entregó al tesorero, quien lo depositó en su cuenta personal. El tesorero también formaba parte del Movimiento de Acción Política, el nombre del grupo encabezado por Higinio Martínez, padrino político de Delfina Gómez. Todos ellos miembros de Morena.

En pocas palabras, Delfina Gómez cometió un delito al retener parte del salario de sus trabajadores y entregarlo a un movimiento político. Además de los documentos, es pública su confesión. Puesto que se trata de financiamiento a un partido político, el delito tiene carácter electoral. Lancé esta opinión en las redes sociales y recibí muchas respuestas en contra. Un grupo afirma que para no ser candidato sería necesario que el delito ya hubiese sido juzgado, con sentencia firme de culpabilidad. Eso debe decir la ley, imagino, porque es el reflejo del fuero: defender a los políticos de acusaciones ficticias que buscan impedir su accionar. Pero precisamente el abuso del fuero ha provocado un clamor general pidiendo su eliminación. Incluso de los mismos que hoy defienden a la candidata Gómez.

Otro grupo de respuestas se centraba en que todos los políticos son iguales, y que los otros candidatos también habían cometido delitos. No tengo noticia de esos delitos, aunque sí se ha documentado el uso de programas sociales en la elección del estado, y hay muchos reportes de clientelismo. Como sea, el que haya otros que cometen delitos no elimina el que estamos comentando. Si todos confiesan, y sus delitos se documentan, pues todos deberían retirarse. Finalmente, hay quienes dicen que la frase es un ataque más a Morena, por razones oscuras (la más frecuente es que se compra a quien ataca). Peor todavía, criticar a la candidata Gómez es pavimentar el triunfo del PRI, dicen.

Como puede verse, la comisión de delitos no es un obstáculo para tener apoyo político. Tal vez menos aún en el caso de Morena, que es experto en la victimización. Ya lo hizo su líder cuando se le acusó de no cumplir el requisito de residencia en el DF para participar en la elección del año 2000. Lo volvió a hacer cuando fue acusado de desacato a una orden de la Suprema Corte, en su carácter de jefe de Gobierno del DF. En ambos casos, pero sobre todo en el segundo, la posición de víctima le redituó electoralmente.

Desde entonces, las reglas no se le aplican. Cualquier intento de hacerlo resulta en acusaciones contra la mafia del poder, y llamados a “mandar al diablo las instituciones”. La abundante evidencia de que personas muy cercanas a él actúan exactamente igual que los demás políticos no hace mella en el ánimo de sus feligreses. Muy por el contrario, hacer notar ese comportamiento implica recibir una letanía de insultos, explicaciones, comparaciones, generalizaciones.

Y parece que estas reacciones son las que impiden la aplicación de la ley. Se teme, creo, que una medida legal pueda provocar un movimiento incontenible. Un poco como esos linchamientos que López Obrador veía como justicia popular, usos y costumbres que merecen respeto.

Ayer veíamos que la “flexibilidad moral” nos ha convertido en saqueadores, unos de otros. Ahora vemos que esa flexibilidad invade la política. No importa si un político es o no ratero, sino si es nuestro ratero.

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Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey