Derecho de réplica
Respuesta del reportero
El buen o mal funcionamiento de los sistemas de seguridad pública de los gobiernos no sólo es responsabilidad de los funcionarios que están al frente de la administración pública, sino también de todas aquellas personas físicas y morales que reciben un pago del erario a cambio de servicios para la protección de las personas y sus bienes.
El actual gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, ha sido insistente en señalar que recibió de la administración de su antecesor, Mario López Valdez, un aparato de seguridad “disfuncional, desmantelado y corrompido”. Ha dicho que los cuerpos de seguridad del estado no cuentan con la confianza de la sociedad y, como un elemento que agrava la situación, evidenció que el sistema de videovigilancia que recibió su administración está en ruinas. “De las 236 cámaras instaladas en todo el estado, sólo funcionan 14. Y en los últimos tres meses han sido reparadas 53 más, que significa el 22 por ciento del total”, dijo en reciente declaración pública.
En ese contexto, y luego de platicar con autoridades de estatales, que me reiteraron los dichos del gobernador, publiqué el 17 de mayo pasado en El Financiero, una nota informativa, con motivo del cobarde, lamentable y reprobable homicidio del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, fundador y columnista del semanario Ríodoce. En el texto se apuntó con toda claridad que el deficiente servicio de videovigilancia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, obligó a las autoridades a buscar entre cámaras de particulares alguna imagen que ayuda a esclarecer el artero crimen del comunicador.
Seguritech, una de las empresas aludidas por haber brindado el servicio de videovigilancia en la entidad, hizo su propia interpretación de la información en la que se asumió, motu proprio, como responsable de que la autoridad no haya podido tener un video del artero ataque contra el comunicador.
Sin bien es cierto que el contrato de la empresa Seguritech concluyó el 31 de diciembre pasado, y no le fue renovado –aunque sí participó en la Licitación Pública Nacional No. GES 01/2017, la cual fue descalificada–, fueron las autoridades estatales, no El Financiero ni David Saúl Vela, quienes acusaron de haber heredado de la administración de Mario López Valdez un sistema de videovigilancia en ruinas. En otras palabras, yo no miento, sólo reproduzco el dicho de la autoridad, el cual toma relevancia, dado que estos elementos técnicos por el cual han pagado y siguen pagando los ciudadanos, en este caso de Sinaloa, deben servir para prevenir los delitos, como el homicidio de Javier Valdez Cárdenas, y si en caso de que ocurran, para esclarecerlos, lo cual evidentemente no ha sucedido.
Atentamente
David Saúl Vela El Financiero