¿Por qué no culpan al narco?
Siempre será más fácil y desde luego menos riesgoso señalar al gobierno como culpable de la muerte de periodistas que apuntar a los asesinos: los narcos. O los narcos coludidos con poderes políticos locales (caso Iguala).
Y no digo “los narcos” como una generalización, sino que tienen nombre y apellidos.
No me vengan con que Javier Corral mandó matar a Miroslava Breach.
Ni que Quirino Ordaz fue el que ordenó asesinar a Javier Valdez. O que Peña Nieto los instruyó a todos. Se trata de un facilismo cobarde, propio de los que sólo ven dividendos políticos en las situaciones trágicas, o quieren hacerse notar sin correr riesgo alguno.
Desde luego los gobernantes tienen responsabilidad en la descomposición que hay en algunos estados y en amplias zonas de la república.
A ellos corresponde hacer cumplir la ley y que nadie muera por investigar el narcotráfico y sus ramificaciones.
Pero un sector todo lo ve desde la perspectiva de la capitalización política para llevar agua a su molino.
Con el asesinato de periodistas, de nuevo quieren sacar provecho político para ayudar a crecer a su líder sobre las ruinas del país.
Suficientes problemas hay y errores ha cometido el gobierno como para inventarle que es asesino. Lo dicen por oportunismo y cobardía. A nadie le va a pasar nada si dice que Peña Nieto, Corral o Quirino son asesinos. No habrá represalias por el simple hecho de que no lo son.
Pero cuando se trata de mirar al narco de frente, prefieren eludirlo, y darle cobijo social para exonerarlo de la condena pública.
Todas las sospechas apuntan a que quien mandó matar a Javier Valdez fue Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, exnúmero dos del Chapo Guzmán, capturado el 2 de mayo en la Ciudad de México.
Dámaso está obsesionado con castigar a quienes “lo pusieron”, para ser detenido sin un solo tiro en la colonia Anzures de la capital.
En el operativo en que lo apresaron, Dámaso ofreció dinero para que sus captores le dijeran quién lo había entregado.
Al no encontrar respuesta amenazó a los federales y militares, uno a uno, con cortarles la cabeza a ellos y a sus familias.
Dámaso está obsesionado por la venganza. Por ahí viene una de las líneas de la investigación. El capo, molesto por el trabajo del periodista Javier Valdez.
Pero en lugar de exigir rigor contra ese narco, algunos gritan “fue el Estado”. Luce más políticamente, da más prestigio en el círculo rojo, pero no conduce a la verdad.
El 4 de mayo fueron detenidos en la Ciudad de México seis escoltas de Dámaso López Serrano (el minilic), hijo de Dámaso López Núñez, quien trae el pleito con los hijos del Chapo, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo.
Se trata de los sinaloenses Benigno Gastélum Sandoval, Ramón Arrellanes Almazán, Jesús Alejandro García Parra, Juan Enrique Rodríguez Acosta y Trinidad Francisco, así como el jalisciense Jorge Tovas Calleros.
Se les decomisaron un lanzagranadas, dos granadas, chalecos antibalas especiales (que no dejan entrar los proyectiles “matapolicías”), un kilo de cocaína, cartuchos, 148 dosis de cristal, ocho equipos de comunicación.
Una jueza, María Elena Cardona Ramos, los dejó libres porque la captura “carecía de verosimilitud y razonabilidad”. Ellos dijeron dedicarse a la minería. Para afuera.
Esos sujetos, y el Minilic, están sueltos gracias a las amenazas a una jueza. Pueden matar a cualquiera. Pero la galería no apunta hacia ellos, sino adonde no hay riesgos ni consecuencias: “fue el Estado”.