LA ALIANZA
Del resultado de las elecciones del próximo domingo 4 de junio dependerá la forma en la que los partidos respondan internamente para enfrentar el desafío del 2018. Para el PRI, profundamente golpeado por los escándalos de corrupción y el incremento de la violencia, el escenario se complica de manera significativa. La figura presidencial, también dañada por el desgaste en el ejercicio del poder, no es más un activo para el partido en el gobierno. Las reformas negociadas y procesadas por el gobierno priista, transformarán de pies a cabeza el país en los próximos años, pero no sirven como capital político electoral para explotar en las elecciones del 18.
Es por ello que la batalla a contracorriente por parte del PRI parte de un hecho fundamental. Ganar la elección en el Estado de México como cabeza de puente para iniciar la reconquista de un poder perdilas do a lo largo de cinco años, donde el abuso del poder y la corrupción minaron la capacidad de atracción del voto por parte de un partido que regresó de entre los muertos para conseguir las reformas necesarias y así modernizar al país. Perder la entidad mexiquense representa el retorno al cementerio para un priismo que habría demostrado no ser capaz de reponerse de los excesos de sus gobernadores.
Lo que resulta sorpresivo es el anuncio hecho por las dirigencias panista y perredista, en el sentido de apostar por una amplia alianza partidaria y ciudadana rumbo al 2018 un par de semanas antes de la jornada electoral estatal. Ni en Coahuila, ni en el Estado de México, panistas y perredistas pudieron armar un acuerdo partidario. En este último, la dirigencia estatal perredista utilizó todos los recursos a su alcance para impedir a cualquier precio la alianza con los panistas, más para apoyar la estrategia del PRI, que por considerar que su candidato podía ganar la gubernatura.
El objetivo común de la alianza PAN–PRD es por supuesto sacar al PRI de Los Pinos, pero también impedir el crecimiento de Morena como la opción ciudadana, más aún si esta fuerza política obtiene un resultado favorecedor en el Es- tado de México. Y es que tanto el PRI como la eventual alianza de izquierda y derecha garantizarían el mantenimiento e instrumentación de las reformas aprobadas en este sexenio, incluyendo la energética a la cual el PRD se opuso de origen. El triunfo de López Obrador y Morena implica el retroceso hacia el modelo del nacionalismo revolucionario con un caudillo interesado en reconstruir privilegios e instituciones propias de autoritarismo del siglo pasado.
Para que la alianza PAN–PRD rebase los límites partidarios y se convierta en un amplio movimiento de cambio como el que abanderó Fox en el 2000 se requiere, además de una plataforma de gobierno que rompa con ataduras del pasado, de un proceso de selección de candidatos que garantice la transparencia y evite la ruptura, principalmente en el caso de la candidatura presidencial. Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera, Graco Ramírez, Silvano Aureoles y los independientes, tendrán que renunciar a protagonismos y soberbias, en aras de un amplio acuerdo de coalición que podría transformar la política mexicana a partir del próximo sexenio.
De todas formas, habrá que esperar el resultado del 4 de junio para definir en qué posiciones arrancan los partidos y cuáles son los objetivos a conseguir en el 2018. Lo que va quedando claro es que únicamente la política de alianzas amplias será capaz de garantizar el triunfo, y evitar que una minoría tome el poder por asalto en un sistema que se ha negado a instrumentar la segunda vuelta presidencial. El peligro de perder lo alcanzado existe, y crece día con día.
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