Reforma de hidrocarburos: viene lo difícil
A tres años de la aprobación de la reforma energética, y después de una primera licitación para que participara el sector privado en la exploración y extracción de hidrocarburos en la que no se alcanzaron los resultados esperados (sólo se asignaron 2 de las 14 áreas subastadas), los siguientes procesos en esa materia fueron muy exitosos, al colocarse casi 75% de los campos que se concursaron (74 de 100). Las licitaciones más atractivas fueron las de campos que ya tenían producción probada o en las zonas de aguas profundas donde existe un elevado potencial productivo y de rentabilidad, así como ventajas importantes para las empresas internacionales con experiencia. Dos aspectos relevantes en esos procesos: la transparencia con que se llevaron a cabo, sin dudas ni impugnaciones; y que el gobierno obtuviera participaciones (en producción o utilidad compartida, regalías, etc.) muy superiores a los mínimos previstos.
No obstante, lo difícil viene ahora. Los siguientes pasos serán clave, no sólo para darle viabilidad a los primeros resultados, sino para consolidar el avance e irreversibilidad a la reforma, ya que involucrarán áreas complejas en materia de exploración y producción, todos los procesos e inversiones en almacenamiento, distribución y venta de crudo y de petrolíferos, así como su armado institucional y regulatorio, y el futuro de Pemex.
A partir de julio iniciará una nueva serie de rondas de licitación con 41 áreas/campos por asignar en los estados del Golfo y en las cuencas de Burgos y del Sureste. En Tamaulipas, Veracruz y Burgos las condiciones de inseguridad prevalecientes serán un reto para atraer nuevos inversionistas, mientras que en Chiapas y el Sureste la oposición social puede ser un factor decisivo en la viabilidad de la operación de los contratos. En éstos se probarán la previsiones de ley en materia de negociaciones para “ocupación superficial” de los terrenos, consultas populares, evaluaciones de impactos social y ambiental, etc. Otro tema será definir qué hacer con las asignaciones que Pemex devolvió al Estado y cómo avanza su proceso de asociaciones en los denominados “farm outs”, cuando ni siquiera ha podido resolver la migración de sus contratos de operación anteriores a la reforma (de servicios integrales y de obra pública financiada).
Los mayores retos están en el resto de los procesos. ¿Qué hacer con refinación?, cuando la infraestructura es obsoleta, mal administrada, con exceso de personal, sin mantenimiento, recurrencia de fallas no programadas, parámetros operativos muy por debajo de estándares internacionales, etc. Y, lo peor, aparentemente sin una estrategia clara de parte de la empresa y del gobierno que se supone buscan “asociaciones con capital privado” a través de un intermediario financiero internacional (que poco sabe del sector en México).
En almacenamiento y distribución las cosas no pintan mejor. Hay escasa información acerca de los avances para que usuarios privados potenciales utilicen la infraestructura de Pemex para transportar petróleo crudo y gas; menos aún de nuevas inversiones en ese sistema. Para el transporte y almacenamiento de petrolíferos, después del fracaso y posterior enmienda de la primera licitación (temporada abierta) en Sonora y Baja California, ahora se anuncia que se pospondrá y redefinirá el segmento más importante de esa red (en el Noreste que involucra a la frontera norte, la de mayor potencial para importaciones). Absoluta falta de claridad y lamentable papel de la Comisión Reguladora de Energía y de Pemex ya que, además de frenar inversiones, se entorpecerá la competencia en la venta de gasolinas. Este es un aspecto fundamental para la aceptación social de la reforma, en la medida que se traduzca en menores precios y mejor servicio.
A ello se suma la incertidumbre sobre el futuro de Pemex que al primer trimestre registró buenos resultados financieros y pésimos operativos. Tema para revisar con detalle.