Debe privar legalidad en subasta, piden radiodifusores
La legalidad y la pluralidad deben prevalecer en el proceso licitatorio de frecuencias radiofónicas, como el que se llevó a cabo recientemente en México, aseguró José Luis Saca, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR), que agrupa a estaciones de radio y TV privadas en América.
“Es importante que toda licitación lleve a la pluralidad de medios, eso siempre es bienvenido, va a haber más opciones de información, la audiencia va a recibir más contenidos de una manera más libre”, dijo tras ser cuestionado después de una reunión del Consejo Directivo de la AIR.
El pasado 22 de mayo se definió el nombre de las empresas que ganaron y pagaron por alguna de las 178 estaciones de AM y FM licitadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El lunes el regulador informó que sólo 122 frecuencias de radio fueron pagadas, mientras que de las 56 restantes el IFT tuvo que cobrar la garantía de seriedad, pues los ganadores no pagaron por su señal.
Uno de los principales postores fue Tecnoradio, firma considerada como nueva entrante en la industria de la radiodifusión, que al final incumplió con el pago de 37 estaciones por las que pujó.
Antes de terminar el plazo de pago de concesiones, esta empresa estuvo en el ‘ojo del huracán’ pues columnas periodísticas revelaron que tenía vínculos con Radiorama, lo cual aún no ha sido aclarado pero podría llegar a instancias penales, según el propio órgano regulador.
The Competitive Intelligence Unit (CIU) señaló que la puja que realizó Tecnoradio por estas frecuencias, que rondó los 288 millones
de pesos, empujó al alza la oferta económica de los participantes y desplazó la entrada de otros grupos radiofónicos importantes y oferentes independientes.
The CIU subrayó que el proceso estuvo carente de mecanismos de monitoreo, revisión de condiciones competitivas, músculo financiero y estructura de los agentes económicos participantes.
“El diseño y el desarrollo de la licitación incumple con los principios de eficiencia al tratarse de un proceso que deja fuera toda posibilidad de gestar un entorno más competitivo en contenidos radiofónicos y que contraviene la legalidad de la licitación”, dijo.