Política ambiental limitada
El lunes pasado se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente; México tiene poco que festejar. De acuerdo con información del INEGI, que aprovecha ese tipo de conmemoraciones para difundir información que de otra manera no se conocería, en 2015 el sector público gastó 0.8% del PIB (casi $142 mil millones de pesos) en “gastos de protección ambiental”, proporción similar a lo que erogan varios países europeos y sólo superado por los Países Bajos (1.4% del PIB), Corea del Sur (0.9%) e Italia (0.9%) entre una muestra de países. El problema no radica en el nivel del gasto de México sino en su estructura y, sobre todo, su consistencia.
En ese año se asignó casi 34% del total (equivalente a $48 mil millones de pesos) en “otros gastos” que incluye cultura ambiental —y millones de pesos en publicidad de los programas de la Semarnat—, “infraestructura diversa”, desarrollo sustentable, sanidad ambiental y protección contra la radiación; esto es, una serie de conceptos de gasto en una bolsa aparentemente residual de recursos para los que es muy difícil identificar su destino y utilidad. En contraste, se erogó 19% del total en protección del aire-ambiente y clima, aún cuando la contaminación de las grandes ciudades del país es creciente y no sólo en la Ciudad de México sino que los problemas son cada vez más graves en otras ciudades; 14% en gestión de aguas residuales, que sigue siendo un grave reto para los municipios y un tema de salud pública; 9% en “gestión” (burocracia) y educación; 8% en biodiversidad; 8% en manejo de residuos (basura) que, como el agua, gravita en las autoridades locales y proliferan tiraderos a cielo abierto; 7% en investigación y desarrollo; y sólo 1% en agua y suelos.
El monto agregado de gasto público, que no considera el del sector privado ni el que realizan las organizaciones no gubernamentales, se compara con un costo anual por degradación ambiental de 4.3% del PIB, del que casi dos terceras partes se derivan de contaminación atmosférica, 10% de degradación del suelo, 7% por generación de residuos sólidos urbanos y 6% por contaminación del agua. Esto es, hay escasa correspondencia entre la estructura del deterioro ambiental y los recursos destinados a atenderlo.
Pero no sólo es un aspecto de gasto sino de diseño e instrumentación de políticas públicas para proteger y mejorar el medio ambiente. La estrategia conjunta entre gobiernos Federal y locales para reducir la contaminación ambiental en la zona metropolitana del Valle de México ha sido un desastre tanto por la ineficacia del Programa “Hoy no Circula” como por las pésimas políticas de movilidad vehicular, a lo que se suma el rezago histórico de las inversiones en transporte público, obras viales y sistemas de control vehicular (semaforización). En recolección, confinamiento y tratamiento de basura las cosas no están mejor: disputas entre ciudades y municipios, como el de hace algunos años entre la CDMX y el Estado de México, obsolescencia en los equipos de trasporte y estaciones de transferencia y falta de soluciones para su tratamiento; por ejemplo, el enorme retraso de la inversión en el Bordo de Xochiaca que trataría las miles de toneladas de basura ahí acumuladas.
En materia de agua, y no hay que dejar de reiterarlo, sigue sin aprobarse la nueva Ley General de Aguas y persiste un deterioro creciente de ese recurso en el país. En suelos ni siquiera existe una política pública coherente; sólo esfuerzos aislados de algunas dependencias. En biodiversidad, es más una política de contención y protección, que de fomento. La lista es larga.
En ese marco preocupa que, con motivo del Día Mundial, el secretario Pacchiano escriba “Conectar el medio ambiente con las actividades cotidianas de nuestra economía ha orientado la política ambiental del Presidente… y su gobierno”. En qué país está el secretario (¿está?), lo que busca ejemplificar con el turismo y las áreas naturales protegidas. Política ambiental paupérrima.
Opine usted: Twitter: @ruizfunes
mruizfunes@ gmail.com
Socio de GEA Grupo de Economistas y Asociados