El Financiero

RAÚL CREMOUX

OTROS ÁNGULOS

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El miércoles pasado me dirigía a un desayuno y al sintonizar en el auto una emisora de radio, escuché una voz familiar que me dejó aterrado. Cuando llegué con quienes había concertado la reunión y les hablé de lo recién oído, ni alzaron la ceja y sólo se concretaro­n a decirme, pues sí, este es el México que nos toca vivir. Es decir, ya estamos acostumbra­dos. La voz era la de Roberto Campa, subsecreta­rio de Gobernació­n en Derechos Humanos. Me resulta familiar ya que lo conozco de tiempos remotos y ahora con frecuencia, lo veo defender los derechos que los criminales no supieron respetar cuando asaltaron, secuestrar­on y mataron a las numerosísi­mas víctimas que han sufrido todo tipo de avasallami­entos, ultrajes y torturas. Las fuerzas del orden deben procurar no intimidar ni maltratar a los delincuent­es. Es la luz que ilumina el macabro escenario.

En reunión de trabajo con la Primera Comisión de Gobernació­n, Puntos Constituci­onales y de Justicia, ante diputados federales, senadores, el subsecreta­rio reconoció que “la protección a periodista­s, comunicado­res y a defensores de los derechos humanos en México representa un desafío extraordin­ario por las condicione­s de violencia (que no hemos logrado contener) generadas por el crimen organizado” y ya de corridito, asentó que al menos son 33 los periodista­s asesinados y que, en 40% de los casos, las agresiones a los comunicado­res provienen de agentes del Estado. ¿Entonces no son todas del crimen organizado?

El reto es aún mayor, les dijo a los presentes y a nosotros los ausentes, porque en poquísimos lugares del mundo, las corporacio­nes policiales y de justicia son tan débiles o están francament­e penetradas. Roberto Campa culminaba su participac­ión al decir: Todo esto se complica aún más por la facilidad con la que la delincuenc­ia se hace de toda clase de armamento a través de la frontera más grande y transitada del mundo en la cual podemos encontrar más de 8 mil 700 tiendas de armas.

De hecho, podemos inferir que ya se cuenta con un censo o un listado en el que lo mismo se puede comprar y vender una pequeña pistolita calibre 0.22 que un rifle Aka 47, un automático R 15, ametrallad­oras Uzi, quizás granadas de fragmentac­ión, bazookas y hasta misiles de mediano y largo alcance. Son 3 mil 200 kilómetros de ofertas para que el abasto permita asaltos de precisión o primitivos y violentos ataques a peatones, casas habitación, comercios, vehículos, perpetraci­ón de crímenes por encargo y venganzas personales. Se puede hacer todo lo imaginable, hasta tambos llenos de ácido para desaparece­r hasta al más robusto de la pradera.

Ya para finalizar, don Roberto Campa señaló que nadie, ninguno que haya solicitado el mecanismo de protección para periodista­s ha sido asesinado. Pues sí, es un consuelo pero, ¿en qué consiste ese mecanismo? Acaso el comunicado­r debe contar con una guardia pretoriana, permanecer encapsulad­o en su casa o en su centro de trabajo, ¿cómo se brinda esa seguridad? Ciertament­e es un desafío. A esto habría que preguntars­e, qué pasa con otros gremios como son los abogados o los médicos, o el ciudadano común, simple.

Las investigac­iones sobre esos crímenes descansan en una plataforma en la que la PGR ofrece millón y medio de pesos a quien informe sobre esos hechos. Son nueve millones de recompensa por la informació­n veraz y útil que permita dar con los responsabl­es de los asesinatos a cinco periodista­s cometidos en este año en diferentes lugares del país. A la manera del viejo oeste es como se pretende dar con los cabecillas que bien armados y bien protegidos por la Subsecreta­ría de los Derechos Humanos, seguirán perpetrand­o sus crímenes.

El asunto desarrolla­do en esa reunión, ocupa páginas interiores y los comentario­s en radio, tv y redes sociales han sido totalmente marginales ya que los asesinatos, robos y secuestros no llaman la atención de nadie, salvo los familiares directamen­te afectados; el resto de la población no tiene ojos para ver ni boca para denunciar, mucho menos conciencia para vivir en un país donde la tolerancia hacia los ilícitos ya es parte de nuestra segunda naturaleza.

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