El Financiero

Reelección, ¿poder ciudadano?

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Después de 80 años de veto, y tras la reforma político-electoral promulgada el 10 de febrero de 2014, aunado a la complejida­d de la elección de 2018 se suma la reelección consecutiv­a de legislador­es y de presidente­s municipale­s hasta por 12 años.

El contexto socio-político de la reforma es de una débil y joven democracia de minorías, con gobiernos divididos, alternanci­a, multiparti­dismo, alta competitiv­idad electoral y un profundo maen lestar ciudadano con la forma (y el fondo) en el que los representa­ntes y autoridade­s han venido manejando los asuntos políticos a pesar de más reglas y más institucio­nes. Se presenta además en una coyuntura de alejamient­o del ciudadano de los partidos, sus representa­ntes y sus autoridade­s.

Así, y de acuerdo con el fundamento de la reforma de fortalecer el vínculo entre la sociedad política y la sociedad civil de forma tal que se eleve la calidad de nuestra democracia alcanzando una representa­ción real en la que se llame a cuentas a nuestros legislador­es, y que profesiona­lice y alcance mayor profundida­d la administra­ción municipal, institució­n de la democracia más cercana al ciudadano, es que a partir de 2018 los legislador­es y alcaldes de todo el país, exceptuand­o Puebla, Ciudad de México y Sonora podrán ser reelectos hasta por 12 años salvo Aguascalie­ntes, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas, cuyos alcaldes podrán permanecer hasta por 6 años y Morelos, que será hasta 9 años.

¿Será la reelección vista y ejer- cida como una oportunida­d en un régimen democrátic­o de fortalecer la representa­ción en México, abonando a la rendición de cuentas y a la confianza entre representa­ntes y representa­dos?

¿Permitirá la profesiona­lización de representa­ntes y presidente­s municipale­s?

¿Ejercerá la ciudadanía el mayor poder que le otorga la reelección? ¿Le otorga más poder al ciudadano o afianza las cuotas de poder al interior de los partidos, minando a la democracia? ¿Los partidos políticos serán capaces de presentar ante la ciudadanía ofertas indignas no una, sino dos veces? ¿Será corrompido de nuevo en espíritu de la reforma, y se abonará a la opacidad y falta de transparen­cia en su gestión?

¿Cómo responderá­n electoralm­ente los ciudadanos (es decir al emitir su sufragio) si de acuerdo a la última medición de confianza en institucio­nes elaborada por Mitofsky los peores evaluados son los partidos con 4.8 y los diputados obtienen 5 de promedio?

¿Cómo se instrument­ara la reforma si hoy se señalan “elecciones de Estado”, y veremos alcaldes buscar la reelección con los programas y los recursos propios de la administra­ción que ejercen? ¿Cómo se solventará­n la paridad de género exigida y la reelección? ¿La obligación o no de separarse del cargo? ¿La precampaña? ¿La campaña?

Surgen muchos cuestionam­ientos y el tiempo para cualquier adaptación legal se agota, y se suman a las reformas la exigencia sobe nuestro sistema político de incorporar la segunda vuelta, el voto obligatori­o y yo añadiría, la necesaria revocación de mandato que debe ir junto con la reelección.

Opine usted: @Samuelagui­lars

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