La nueva política anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una oportunidad para abandonar las políticas que no han dado resultados y generar propuestas nuevas. El SNA no es un logro en sí mismo, es una oportunidad. Pero es una oportunidad que sólo puede aprovecharse si se convierte en la plataforma de un conjunto de acciones congruentes, que miren hacia el futuro, que se adapten a la realidad mexicana y que abandonen paradigmas que han demostrado ser falsos.

El SNA no ofrece soluciones. No presenta un rumbo sobre cómo deben ser las políticas públicas de combate a la corrupción ni sobre cuáles deben ser las prioridades para el diseño de un plan o un programa anticorrupción para México. La pregunta relevante es, ¿cómo debe ser esta nueva política anticorrupción que nos permita aprovechar la oportunidad que representa la creación del SNA?

La nueva política anticorrupción debe tener cinco características básicas: debe aprovechar las herramientas de tecnologías de la información; debe ser una política preventiva y proactiva basada en las causas reales de la corrup- ción; que aprenda de cada caso para evitar recurrencias; que sea innovadora y; que apoye y se vincule con otros esfuerzos para mejorar la calidad de los resultados de gobierno.

1. Utilizar tecnologías de información

Cada vez más, los actos administrativos de los gobiernos dejan un rastro en datos que queda depositado en algún sistema. Uno de los más importantes retos del SNA es asumir que la construcción de la Plataforma Digital Nacional es más que la publicidad de la información, el rediseño de formatos o la creación de nuevos sistemas que reproduzcan antiguos vicios; me refiero a mejorar las capacidades del Estado Mexicano para reorientar la construcción de sus sistemas digitales hacia plataformas de colaboración y de análisis de datos que ayuden a prevenir la corrupción y los conflictos de intereses antes de que se presenten, y a contar con mejores herramientas de investigación.

2. Analizar la causa raíz de la corrupción

Los casos de corrupción deben pasar por un análisis causa-raíz de tal forma que podamos conocer más sobre la forma como operan las redes de corrupción; tratar de identificar los factores que permitieron que un trámite específico, servicio, decisión de política o interacción entre servidor público y ciudadano se corrompiera. Este análisis debe ser sistémico siempre que se presente un caso de corrupción y parte del trabajo de todas las oficinas públicas.

3. Documentar lecciones aprendidas y evitar recurrencias

Se deben analizar las condiciones institucionales que permitieron la corrupción, las conductas de los involucrados –aquí las propuestas que provienen de la ciencia del comportamiento o behavioral science pueden ser útiles–, así como sus consecuencias (costos financieros, de calidad en el servicio etc.); los resultados de este análisis deben compartirse, para generar recomendaciones y éstas deben implementarse para evitar recurrencias.

4. Innovación

Las nuevas políticas anticorrupción deben ser más que la reproducción doméstica de mejores prácticas internacionales mal implementadas. No debe intimidarnos la posibilidad de adoptar nuevas políticas que se adapten a la realidad nacional (debilidad institucional, falta de cultura de legalidad, etc.) que se enfoquen a atender la causa raíz de la corrupción.

5. Vincular el combate a la corrupción con la mejora de la calidad del gobierno

Las políticas de control de la corrupción no están aisladas de otros problemas de gobernanza; deben vincularse con temas como la organización de elecciones, la seguridad pública, el combate a la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la discriminación y la promoción del crecimiento económico, en los que la corrupción es un elemento que incide negativamente y cuya atención es complementaria con la labor del SNA.

Con independencia de sus características, todas las políticas anticorrupción que se propongan en el marco del SNA tendrán que escapar de la trampa recurrente que ha sido para otras iniciativas la incapacidad del Estado mexicano para implementar políticas; será fundamental que el SNA reconozca que esa incapacidad potencial es una dimensión del diseño de políticas públicas de México que puede limitar el alcance de las intenciones de la ley y los resultados de las instituciones y acciones de gobierno.

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Las opiniones del autor son estrictamente personales

Licenciado en Ciencia Política por el ITAM y Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard.