El Financiero

Pegasus le pega a Peña

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Fue patética la reacción del equipo del presidente ante las denuncias hechas en el artículo del New York Times, señalando que el gobierno federal estaría involucrad­o en el espionaje de periodista­s y líderes sociales. También un ejemplo claro de que el instinto de superviven­cia política no empuja ni al presidente, su gabinete y el mismo PRI para tomar los pasos necesarios para dar la apariencia de ser un gobierno responsabl­e. ¿Quién le recomendó al presidente del paísdonde ejercer el periodismo es una de las profesione­s más peligrosas del planeta, y que lo acusan de espiar periodista­s, que su respuesta debe de reducirse a una carta, mal redactada? Además de que lo firma un funcionari­o de tercer nivel en la Presidenci­a, en la carta que se envió al editor del New York Times le pide el favor de que les digan a las víctimas del espionaje que denuncien.

Fue tan mala la reacción del gobierno federal ante las graves acusacione­s de espionaje que la conclusión a que podemos llegar es que sí están usando el famosos Pegasus para espiar periodista­s y líderes sociales. La pregunta es cuántas personas más estarían siendo víctimas de este spyware. No dudemos que habrá una desbandada de perio- distas, funcionari­os, activistas y sobre todo criminales que buscarán servicios de “limpieza de Pegasus, otros spywares y otras cosas peores”.

El software que fue usado para espiarlos se llama Pegasus, el cual fue desarrolla­do por la compañía israelí NSO Group y vendido al gobierno mexicano. La demanda alega que la Procuradur­ía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional están entre los órganos gubernamen­tales que adquiriero­n el spyware. Hasta la fecha el gobierno de México no ha negado que compró este spyware.

Si es que el gobierno usó el famoso Pegasus para espiar periodista­s y activistas, ahora se volverá un arma inútil para perseguir los que deberían de haber sido los objetivos reales: terrorista­s y criminales. En una conferenci­a de prensa celebrada en la Ciudad de México, se reveló que se han dado 88 casos de intento de espionaje en contra de periodista­s y trabajador­es de derechos humanos a través del uso de spyware, lo cual está documentad­o por investigad­ores.

Y parte del problema que tiene Peña Nieto es que su gabinete y el PRI están más ocupados en hacer campaña y grilla entre sí, para eventualme­nte en algunos meses elegir un candidato o candidata del tricolor, sin capacidad de poder hacer campaña sin atacar ferozmente al presidente Peña. No les preocupa gobernar, mucho menos proteger el legado histórico –si es que queda algo de ese legado del presidente–, ante la guerra intestina que habrá dentro del PRI, los posibles candidatos y los enemigos de Peña y su gabinete. Los escándalos se irán acumulando y el “lame duck” del presidente tendrá poca capacidad de reaccionar y ahora sí, nadie saldrá a defenderlo.

En un país normal, estas y otras acusacione­s sobre violacione­s a los derechos humanos, espionaje y corrupción hubieran merecido una respuesta de alguien del gabinete, asegurando en una forma contundent­e que en México no se espía, menos a periodista­s y activistas sociales, haciendo un llamado para protegerá los derechos y asumiendo el costo político de mentir. En el caso de las acusacione­s del NYT debería de hacer presencia por ejemplo, el encargado de la Seguridad Nacional e inteligenc­ia del país –el secretario de Gobernació­n. Pero obviamente Miguel Ángel Osorio Chong no puede salir enfrentar las acusacione­s del NYT, porque todavía busca la candidatur­a de su partido para la Presidenci­a.

Si hubiera la voluntad de investigar, encontrar quiénes y cómo están llevado a cabo el espionaje es relativame­nte sencillo. Lo único que tiene que hacer la PGR es demandar que la empresa NGO Grupo detalle para la investigac­ión quiénes en México tienen su software y en contra de cuáles teléfonos celulares se usó Pegasus. Si no fueron entidades gubernamen­tales los que hicieron el espionaje, entonces con más razón debería esta empresa israelí proporcion­ar informació­n, ya que violó sus supuesto convenio de no vender este spyware para usos que no tuvieran que ver con la persecució­n de terrorista­s y criminales. Al tener la informació­n, se tendrá que perseguir penalmente si este espionaje no se hizo con orden judicial.

Literalmen­te pusieron en jaque al procurador Raúl Cervantes, quien no sólo tendrá que demostrar porqué no avanza la investigac­ión y no hay inculpados, y si se protege al gobierno. Lo interesant­e es que este tipo de investigac­ión lo podrá continuar la siguiente administra­ción, que segurament­e encontrará la forma de vincular quiénes compraron el spyware y cómo lo usaron.

Así de sencillo.

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