MARIANO RUIZ-FUNES

ALTIBAJOS SECTORIALES

En los últimos años en México se han creado un buen número de instituciones públicas y otras se han fortalecido; la mayoría están orientadas a la regulación de actividades en materia económica, sanitaria y de seguridad, a las que recientemente se han agregado transparencia y rendición de cuentas, previsiblemente, para combatir la corrupción. Además de las que tienen funciones regulatorias, otras instituciones fungen como “organismos auxiliares” para las 18 secretarías de la administración pública federal, a fin de llevar a cabo actividades específicas y, en algunos casos, con independencia operativa. Actualmente existen 299 entidades de gobierno (www. gob.mx).

Al menos dos factores inciden en su efectividad. Por un lado, su autonomía, sea legal —como en el caso de los organismos descentralizados, que cuentan con autonomía orgánica y funcional, presupuesto propio y una junta de gobierno— o de facto, en los que a pesar de ser organismos desconcentrados que dependen de una entidad coordinadora, ésta les otorga independencia y flexibilidad en el ejercicio de sus funciones. También son fundamentales los mecanismos de designación de sus principales funcionarios (comisionados, miembro de las juntas de gobierno, director general, etc.). Por otro lado, su buen o mal funcionamiento depende del presupuesto asignado. En los organismos descentralizados y los “entes autónomos”, la Cámara de Diputados define su presupuesto anual a propuesta de la propia entidad, mientras que para los desconcentrados los recursos se incluyen en los presupuestos globales de las dependencias coordinadoras y están sujetos a las “adecuaciones” que realice la Secretaría de Hacienda.

Más allá del grado de autonomía, existe una gran heterogeneidad en la eficacia y solidez entre instituciones; en algunas, incluso es cuestionable para qué han servido o sirven y si deberían desaparecer, con objeto de reducir la abultada burocracia federal.

Tal vez el mejor ejemplo de una institución “sólida” desde hace ya muchos años es el Banco de México: autonomía total, presupuesto independiente, formación de capital humano, etc. En el otro extremo del sector financiero, con dudas acerca de la utilidad, están las entidades de defensa de los usuarios de servicios financieros (Condusef) y del contribuyente (Prodecon). En ese lado, también está la de defensa del consumidor (Profeco).

Otra institución consolidada es la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuya efectividad y solidez estarán a prueba este año, ya que su presupuesto se redujo 40%.

En proceso de fortalecimiento hay varias entidades de reciente creación o cuyo estatus se modificó hace poco tiempo: la Comisión Federal de Competencia (Cofece) con todo y las críticas por su “arbitrariedad” en diversos casos, así como las vinculadas con la regulación del sector energético: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Reguladora de Energía (CRE) y aún la de Seguridad y protección ambiental (ASEA) a pesar de su debilidad presupuestal (con $500 millones de pesos se pretende regular un sector de miles de millones de dólares). Sin duda, otro caso de solidez casi consolidada es el servicio de calidad, inocuidad y calidad agroalimentaria (Senasica) que, después de convertirla en instancia de seguridad nacional, inversiones importantes en tecnología y preparación del personal, hoy se ubica entre los mejores del mundo en su ramo.

En contraste, algunas instituciones van a la baja. El caso más lamentable es el del Instituto Nacional Electoral (INE) que hoy tiene menos credibilidad ciudadana que antes del 2000, probablemente junto con el de transparencia (INAI), por la integración de su gobierno corporativo, y con la agencia de apoyos y servicios al sector agropecuario (Aserca), cada vez con más problemas, menos efectividad y más corrupción.

El cambio de administración será un buen momento para evaluar cuáles sirven y cuáles no de las casi 300 entidades del gobierno.