SALVADOR CAMARENA
LA FERIA
Una hora y cuarto. Ese fue el tiempo que el PRI y el PVEM consideraron pertinente dar en la Comisión Permanente al tema del espionaje a activistas y periodistas.
Una hora y cuarto es lo que creyeron adecuado, priistas y verdes, para que se discutiera en la casa del pueblo mexicano el tema que ha puesto en ridículo mundial a México como país democrático.
De la revelación hecha el lunes por The New York Times sobre el espionaje gubernamental a periodistas y activistas, quieren hablar en Rusia, Colombia, Guatemala, Estados Unidos entre otros países, pero no el PRIVEM, en el Congreso de la Unión.
Ayer, en la sesión de la Permanente la oposición empujó el tema. Legisladores del PAN, PRD y Morena presentaron un punto de acuerdo con diferentes peticiones, pero los legisladores del Revolucionario Institucional y del mal llamado Verde Ecologista aceptaron discutir el asunto, sí, pero con límite de tiempo; con un plazo tan corto que apenas si alcanzaría para leer íntegro el informe “Gobierno Espía”, reporte que detalla los alcances de la operación de intento de hackeo de 14 personas a través de 88 mensajes del spyware Pegasus, intentos que cubren un periodo que va de enero de 2015 a julio de 2016.
El punto de acuerdo solicitado por legisladores de la oposición plantea, en el fondo y la forma, un tono que sí corresponde a la gravedad de la materia expuesta por el Times. Ellos muy bien.
En esa solicitud se demanda que el jefe de la política interior (es un decir) Miguel Ángel Osorio Chong comparezca “a efecto de que informe y transparente los contratos suscritos entre el gobierno mexicano y la Empresa NSO para la utilización del programa de espionaje Pegasus”.
También se pide a los titulares del Cisen, la Marina, la Sedena y la Procuraduría General de la República (PGR), que “remitan informe público relativo a cualquier adquisición y/o contrato acordado con las empresas NSO Group, Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., Grupo Tech Bull S.A. de C.V. y Security Tracking Devices S.A. de C.V., así como cualquier otra que preste o haya prestado servicios relacionados con el Software Pegasus”. Esto es relevante, porque los legisladores de oposición quieren ir más allá de lo expuesto el lunes. Quieren que el Congreso se asuma como instancia alejada de formalismos, quieren conocer el problema del espionaje ilegal perpetrado por el gobierno en su real magnitud.
Urgen además a que la PGR haga su elemental chamba: que investigue. Finalmente, en el punto de acuerdo también se solicita que la Auditoría Superior de la Federación dé cuenta de lo gastado desde 2012 a la adquisición en programas para “vigilancia e intercepción de comunicaciones, incluyendo el software Pegasus”.
Lo presentado por la oposición en el Congreso es una señal halagüeña. Sin embargo, esa señal choca con ominosos signos: los intentos del PRI y PVEM de limitar la discusión (ayer se pidió prolongar el debate pero los del PRIVEM aplastaron la intentona diciendo que ya estaba “suficientemente discutido”). Y no se puede descartar que aunque se tramitó el punto de acuerdo, éste se traduzca en comparecencias cerradas (con el pretexto de la seguridad nacional).
La nación espera que el Ejecutivo sea obligado a explicar quién y por qué se espió. Y que eso se exponga en el pleno de la Permanente, el máximo órgano del Congreso, en estos meses.
Habrá materias que deben quedar bajo reserva, pero el Congreso debe hacer su trabajo con un debate real, de cara al público y sin los antidemocráticos límites de tiempo del PRIVEM.