César Duarte: uno más
¡Y sigue la mata dando! La colección de gobernadores indiciados, acusados, perseguidos, encarcelados no termina.
Van apenas cuatro de la más reciente administración: Duarte de Veracruz, Borge de Quintana Roo, Duarte de Chihuahua, Padrés de Sonora…… más lo que se acumule esta semana.
¿Qué provocó el cambio en la decisión gubernamental?, ¿qué pasó del no habrá “una cacería de brujas” en diciembre del 2016 declarado por el presidente a un grupo de periodistas, a la persecución y detención de varios de los más distinguidos priistas “de la nueva generación”?
Para algunos fueron las elecciones del pasado 4 de junio. El incuestionable revés de Nayarit; el polémico, desaseado y escandaloso fraude de Coahuila; la victoria de panzazo en el Estado de México, después de un proceso rebosante en irregularidades.
Algunos asesores habrán convencido al presidente Peña Nieto de abandonar su clásica posición de político tradicional –como quiera que esto se pueda entender– y ordenar investigaciones, ór- denes de aprehensión, embargos y “todo el peso de la ley”.
La sobrevivencia política, la credibilidad cuestionada, el legado histórico cuando se acerca el final se suman a las variables que pueden haber intervenido en esa decisión. Lo que resulta un hecho frente a la ciudadanía, ofendida, ultrajada, es que existían abundantes y contundentes evidencias de la conducta fraudulenta de dichos gobiernos, funcionarios, servidores públicos. Nadie hizo nada por los 5 años de esta administración, hasta que estalló la bomba y políticamente, resultó indefendible.
Ahora que salen a la luz algunas perlas del exgobernador Duarte de Chihuahua, se comprueba la hipótesis tantas veces esgrimida del desvío de recursos estatales con fines electorales. Muchos millones faltantes en la contabilidad de Javier Duarte, o de Roberto Borge, o de este otro Duarte, fueron destinados a campañas electorales del PRI. Hoy sabemos que a pesar de que Héctor Yunes fue su opositor y crítico en Veracruz, Javier Duarte destinó y entregó – según declaración de funcionario detenido– por lo menos mil 300 millones de pesos a la campaña de Yunes, el candidato derrotado del PRI.
Esto acusa el excesivo dispendio y endeudamiento de los señores gobernadores, consideremos que el clan Moreira de Coahuila, reservó la información financiera del estado: los coahuilenses no sabrán sino hasta 2022, la verdadera dimensión de la deuda total del estado. ¡Vaya desfachatez! Por eso era vital que Riquelme fuera declarado vencedor con todas las trapacerías de por medio. La única esperanza está ahora en el Tribunal Electoral.
Pero de fondo, este sistema corrupto, de peculado y desvío de fondos sistemático, pone en evidencia un complejo entramado. Los gobernadores desvían fondos para elecciones, en sus estados y en otros, acogidos y protegidos por una impunidad que ahora se rompe. Hacen ganadores con fondos públicos a quienes serán responsables de cuidarlos y protegerlos.
Imagine usted el diálogo interno de Javier Duarte o de Borge, presos en cárceles centroamericanas: “pero si yo cumplí, yo hice ganadores a varios….. les entregué los recursos para las campañas; por qué ahora la persecución”.
El sistema está corrompido, entero y desde la raíz. No existe evidencia –por ahora– de que ningún panista entre los señalados como culpables, haya desviado para el partido o para comicios, más bien para sí mismos, amigos y familiares; pero sí existe evidencia de perredistas señalados por ello.
La FEPADE, el INE y el propio Tribunal y todos los organismos electorales han sido torpes, omisos, incapaces y tardíos en la prevención de estos excesos. La PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, igualmente corresponsables al no acusar, abrir investigaciones para impedir estos excesos.
¿De dónde salieron los calculados 13 a 15 mil millones de pesos que se invirtieron en la pírrica victoria de Alfredo del Mazo?, ¿de programas sociales?, ¿de Sedesol?, ¿de otros programas estatales y federales?, ¿hubo charola en los estados gobernados por el PRI?
Mientras nuestras instituciones sean incapaces de cortar de tajo este flujo ilegal de recursos a campañas electorales, se perpetúa el ciclo de corrupción y de impunidad. ¿Cómo puede comportarse diferente el gobernante electo si procede de origen de un acto ilegal y corrupto?
César Duarte será detenido en los próximos días para coronar una serie de gobernadores que perdieron el juicio en la administración de recursos. Pero, ¿y los Moreira?, ¿y Gabino Cué?, ¿y Marcelo Ebrard?, ¿alguno de ellos será llamado por la justicia?, ¿tendrán que entregar cuentas algún día?