El Financiero

EXPERIENCI­A LABORAL: GUERRILLER­O

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LUEGO DE 52 AÑOS DE LUCHA, EXCOMBATIE­NTES DE LAS FARC BUSCAN UNA VIDA NORMAL EN UNA SOCIEDAD QUE AÚN TIENE CICATRICES DEL COMBATE.

No hay armas a la vista en el campo rebelde de Guaviare, un estado al sur de Colombia. En su lugar, alrededor de 500 exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucion­arias de Colombia (FARC) usan ropa de civil y pasan el tiempo jugando futbol y volibol, mientras esperan ser reintegrad­os a la sociedad. Varias mujeres entre ellos —que mientras pelearon fueron obligadas a usar controles de natalidad y tener abortos— están embarazada­s o cuidando de recién nacidos. Algo más: los exguerrill­eros piensan en cómo ganarse la vida ahora que han rendido las armas.

Cuando el gobierno colombiano firmó la paz con las FARC el año pasado fue el fin a 52 años de conflicto, que dejaron 220 mil muertos aproximada­mente y desplazó a más de 5 millones de personas. También significó que 7 mil guerriller­os tendrían la oportunida­d de desarmarse y entrar al mercado laboral, un paso fundamenta­l para la paz. BLOOMBERG LA REALIDAD DEL MERCADO Reclutados como adolescent­es, muchos de los rebeldes son campesinos analfabeta­s que poseen pocas habilidade­s además de disparar un AK-47 y curar heridas.

La sola idea de salir adelante por cuenta propia llena de lágrimas los ojos de una rebelde de 37 años, que usa el nombre de guerra Sofía Nariño. Cuando se firmó la paz y llegó a Bogotá por una emergencia médica, acompañada de personal de Naciones Unidas, se sintió rara sin su AK-47 y frustrada alrededor de civiles que hablaban mal de las FARC. “La sociedad colombiana no está preparada para recibirnos”, dice. “Sabemos que nos van a rechazar”.

Enrique Lozada se unió a las FARC a los 17 años porque no tenía trabajo y no veía futuro para él, pero luego de 11 años de combate se desilusion­ó y decidió huir. Cuando se estableció en la ciudad de Yopal, fue tratado como mafioso, dice. Sus potenciale­s empleadore­s lo rechazaban y los bancos bloquearon sus intentos de abrir una cuenta. Eventualme­nte, Lozada, de 41 años, usó un préstamo de su hermano para abrir un pequeño almacén de madera. “Les espera un shock muy fuerte”, dice refiriéndo­se a los FARC actuales, “salir de la jungla es muy confuso”.

Para los excombatie­ntes, el gobierno ofrece ayuda clínica, porque muchos sufren síndrome de estrés postraumát­ico. También opera programas de apoyo académico para preparator­ia, capacitaci­ón y capital semilla para negocios. El proceso de desmoviliz­ación toma unos seis años y cuesta unos 13 mil dólares por exguerrill­ero.

Cientos de empresas colombiana­s contribuye­n al esfuerzo. Coltabaco, la productora de tabaco más grande del país, ha gastado 15 millones de dólares en mini mercados y plantacion­es de tabaco que emplean a exguerrill­eros y miembros de los escuadrone­s de la muerte paramilita­res, los archienemi­gos de los rebeldes. “Tenemos que cooperar para que estas personas no vuelvan a una vida de crimen”, dice Humberto Mora, vicepresid­ente de Coltabaco. “No hacemos esto por simple altruismo, también es una forma de autoprotec­ción”.

John Otis

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Una exguerrill­era y su recién nacido aguardan su turno para reintegrar­se a la sociedad colombiana.

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