Peña Nieto ante el espionaje, derrumbe moral
El lunes 19 de junio, el periódico The New York Times publicó un extenso reportaje para confirmar lo que tres meses atrás había señalado en otra nota: un amplio sistema de espionaje basado en un malware intrusivo de todo sistema de telefonía e informático, denominado Pegasus, fue utilizado para invadir sin orden judicial alguna las comunicaciones de periodistas como Carmen Aristegui, de su hijo Emilio, entonces menor de edad; Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, así como de integrantes del Centro Pro de Derechos Humanos, así como de Mexicanos en Lucha contra la Corrupción.
En febrero de este año, el rotativo norteamericano había confirmado 12 intercepciones. Ahora, documentó un total de 76, con fechas y los textos que formaban una trampa. El reportaje se basó en un extenso informe de más de 80 cuartillas, elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, por Artículo 19, en asesoría con Citizen Lab, un organismo dedicado a la defensa de la privacidad, de la Universidad de Toronto.
La novedad de este artículo es que la tecnología del malware, fabricada por la compañía israelí NSO Group sólo puede ser adquirida por instancias gubernamentales como el CISEN, dependiente de la Secretaría de Gobernación, por la PGR y por la Secretaría de la Defensa. En 2013 el mismo gobierno de Enrique Peña Nieto afirmó que había adquirido esta tecnología para combatir el crimen organizado y a los terroristas.
El reportaje documentó que no fueron ni terroristas ni narcotraficantes los espiados sino abogados defensores de causas tan importantes como las víctimas de Atenco, de la masacre de Tlatlaya, de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, de los familiares asesinados en Tanhuato o de casos de corrupción tan emblemáticos como la Casa Blanca, investigado por el equipo de Carmen Aristegui.
La primera reacción del gobierno federal fue minimizar el tema ante las evidencias de que existe un método sistemático de la administración de Enrique Peña Nieto: aplicar una política de hostigamiento y no de protección a quienes se han convertido en una amenaza creciente para el autoritarismo prevaleciente.
Un gobierno democrático espía siempre y cuando existan marcos legales y órdenes judiciales claras contra una amenaza al Estado de derecho. Un gobierno autoritario y torpe confunde a los terroristas con los periodistas, al crimen organizado con los defensores de derechos humanos y, lo peor, confunde el espionaje con la invasión sistemática a la privacidad de los ciudadanos.
Como diría el periódico británico The Independent, frente a la revelación del sistema de espionaje en México el caso del presunto ciberespionaje de los rusos con Donald Trump empalidece. Se evidenció que no existe ningún control porque se espían hasta entre ellos mismos, hasta contra sus propios aliados.
El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, afirmó en atropellada conferencia de prensa en Sinaloa, el martes 20 de junio, que, en efecto, usan este tipo de tecnologías de espionaje, pero para combatir el crimen organizado. Presumió que este gobierno ha atrapado a los capos más peligrosos del narcotráfico.
Lástima que estas afirmaciones se hicieron al mismo tiempo que supimos que el mes de mayo de 2017 fue el más violento de la última década, con una cifra récord de 2,186 homicidios dolosos. Es decir, 3 ejecuciones por hora. Si el espionaje no sirve para frenar esta escalada de violencia, entonces es un fracaso.
En paralelo, la PGR anunció que inició una investigación para hallar a los responsables de estas pruebas de espionaje, en coordinación con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), una entidad que en sus cinco años de existencia ha demostrado su inutilidad ante la ola de asesinatos a periodistas.
El miércoles 21 de junio toda la oposición en la Comisión Permanente propusimos un punto de acuerdo para citar a los principales responsables de las áreas de gobernabilidad, procuración de justicia y de inteligencia para que informen al Congreso sobre los contratos y los alcances del sistema de espionaje que existen en el país. Reclamamos una clara rendición de cuentas por parte del gobierno.
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