Desánimo y enojo: implicaciones
Ayer se presentó el análisis más reciente de “México: política, sociedad y cambio. Escenarios de gobernabilidad”, que GEA elabora trimestralmente y se basa en una encuesta realizada del 17 al 19 de junio con 1,000 entrevistas efectivas a ciudadanos en vivienda, con representatividad nacional.
En materia de preferencias electorales, a un año de la elección de 2018, y de aprobación del gobierno —presidente, gabinete y legisladores— la opinión sigue prácticamente igual a la del trimestre anterior. López Obrador se sitúa arriba en la intención de voto por 1-2 puntos porcentuales, pero parece que alcanzó un tope máximo de preferencias y con márgenes inferiores a los que registró en periodos similares para las elecciones de 2006 y 2012; no obstante, su balance de opiniones positivas y negativas mejoró marginalmente. En el PAN, Anaya remontó distancia respecto a Margarita Zavala (4-5 puntos); y PRD y PRI estancados en preferencias con menos de 10% y 20%, en ese orden. El nivel de aprobación personal del Presidente Peña se mantuvo en 19% del total, pero su gestión al frente del gobierno alcanzó sólo 13%, tasas muy inferiores a las que registraron los expresidentes Fox y Calderón en el quinto año de gobierno; además, la credibilidad del Presidente cayó a un paupérrimo 6% de la población.
Las percepciones económicas y políticas siguen por los suelos: 45% de la población entrevistada opina que la situación económica es mala (vs 41% en marzo) y la política 49% (vs 45%). De ello se deriva que, según 70% de la población, México está en una crisis económica. El repunte de la inflación general, la depreciación del tipo de cambio y el incremento de precios de los combustibles, en particular gas, electricidad y sobre todo gasolinas, contribuyen a explicar esa impresión, en la que la mala situación se atribuye al gobierno actual (63% de los encuestados). A ello se suma que la percepción de corrupción sigue en aumento; casi la mitad de los entrevistados opina que es mayor a la de hace seis años y que se ha visto afectado por ella, y 53% que no se han realizado acciones para combatirla. Así, hasta ahora todos los esfuerzos del sistema nacional anticorrupción, legislación incluida, han quedado entre la clase política y la “comentocracia”, sin permear a la ciudadanía.
La opinión sobre los servicios públicos locales y federales, e implícitamente en la forma en la que se ejerce el gasto público, también es desfavorable; sólo 14% de la población considera que la vigilancia policíaca es “buena”, 26% el transporte público, 29% la dotación de agua y 31% las vialidades. Para los servicios de salud y educación las opiniones son ligeramente superiores, 37% y 34% los califica de “buenos”, a pesar de la reforma educativa y de las supuestas mejoras que se han realizado para la atención en diversas instituciones del sistema de salud, particularmente en el IMSS.
Esas percepciones y opiniones se traducen en un ánimo social preocupante. A la pregunta de si las leyes deben cumplirse aunque se consideren injustas, la mitad de la población contestó que no; 59% respondió que si pudiera compraría productos pirata, 48% que evadiría el pago de impuestos y 50% que adquiriría gasolina en expendios irregulares. ¿Qué hacer frente a esa actitud ciudadana que mezcla enojo, indignación, desánimo y malas expectativas para el futuro?
Las políticas gubernamentales y sus resultados no han contribuido a modificarla. Un sistema fiscal (federal y local) con baja eficiencia recaudatoria, que no contribuye a combatir la desigualdad y se ubica entre los peores de los países de la OCDE y América Latina (véase la edición del lunes pasado del periódico El País); gasto público excesivo en burocracias, congresos, entidades federativas, elecciones; inversión pública cada vez menor; inseguridad y violencia en niveles históricamente altos. La lista es larga. No extraña que 80% de la población opine que el país va por un rumbo equivocado.
Opine usted: Twitter: @ruizfunes
mruizfunes@ gmail.com
*Socio de GEA Grupo de Economistas y Asociados