Riesgos de la nueva rectoría educativa
En marzo y junio de este año se conoció de la aprehensión del titular de la entonces Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua (SECD) y de la directora de Administración de la misma dependencia. Ambos son acusados del delito de peculado por 246 millones de pesos cometido entre febrero y abril de 2016 al trasferir recursos presuntamente a cuatro empresas fantasma. El asunto ejemplifica los riesgos que conlleva abandonar la conducción educativa a los políticos y la burocracia educativa.
Ricardo Yañez Herrera, extitular de la SECD, había asumido el cargo apenas en enero de ese año y permaneció hasta el fin de la administración duartista. El funcionario ocupó una gran variedad de cargos en puestos administrativos, directivos y políticos. Fue el quinto secretario de esa administración.
La comprobación del delito y su sanción corresponde a las instancias judiciales y de procuración de justicia, por lo que aquí sólo las describimos como un caso de probables conductas ilícitas. El primer aspecto que atrae la atención es que fue una acción concertada. La secretaria de la Función Pública estatal, Rocío Stefany Olmos Loya, explicó que la operación fue simple: consistió en concentrar las decisiones de compras y adquisiciones en la Secretaría de Hacienda y específicamente en la Dirección General de Administración (DGA) y su Dirección de Adquisiciones y Servicios (Proceso, 30/ abr/2017) y la creación de empresas fantasma. De acuerdo con un testigo protegido, estas empresas recibieron adjudicaciones bajo tres variantes. Una era contratar servicios reales con sobreprecios para generar márgenes de “recursos entregables”. Otra consistía en pagar servicios o productos inexistentes. Y el tercero era hacer adjudicaciones directas y pagos adelantados sin procedimiento que después eran validadas con licitaciones simuladas que ganaba la empresa que ya había cobrado (El Sur, 7/ may/2017). Se entiende que en la DGA desviaban los recursos asignados a la SECD, la Dirección de Adquisiciones organizaba los concursos amañados y la Dirección de Administración de la SECD realizaba los contratos fraudulentos con la autorización del secretario de Educación.
La denuncia señala que con este mecanismo desviaron 55 millones destinados a la formación continua para docentes de nivel básico, 46 mdp de cursos en materia del medio ambiente, 55 mdp de talleres para padres de familia de preescolar y primaria y 90 mdp para la prestación de servicios profesionales, diseño e implementación de un software. Extracto:
Investigador de Mexicanos Primero
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