Las primeras alertas
Nuestro Matías, cumple 5 años
A casi un año de promulgada la Ley de Disciplina Financiera, se publica el primer reporte del Sistema de Alertas, con que se deberá evaluar las condiciones crediticias de estados y municipios; el sistema abarca todas las obligaciones financieras con impacto presupuestal, incluidas en el Registro Público Único de Obligaciones Financieras, de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, cuyas funciones de registro le fueron transferidas desde 2002. Este Registro, cuando los sucesos de Coahuila de 2011, decía la Ley que era voluntario y sólo servía para fines informativos. Hoy se establece en su Reglamento que se deben registrar las APPS, e incluso los bonos cupón cero, cuyo servicio requiere recursos presupuestales, pero en los anexos de este primer reporte se menciona que no están registrados.
La Ley considera tres indicadores: deuda pública y obligaciones como proporción de sus ingresos de libre disposición, y “cualquier otra obligación que implique pagos financieros programados”; servicio de la deuda u obligaciones como proporción de sus ingresos de libre disposición, no comprometidos. El tercer indicador es el de las obligaciones a corto plazo con proveedores y contratistas como proporción de sus ingresos totales, a plazo menor de un año, que se pagarán con sus ingresos propios, lo cual incluye a las participaciones que son recursos propios de libre disponibilidad, no federales.
Sin embargo, hay algunos puntos que obligan por cierto a una reflexión, respecto a que el incremento de endeudamiento será fijado a partir de la evaluación anual que hará la UCEF con base en los resultados de las cuentas públicas de los estados, siendo dicha medición centralizada y “vinculante”, lo que acota las facultades legislativas de los congresos locales, al fijarse centralmente el techo de financiamiento neto para el siguiente ejercicio fiscal y sólo lo avalarán. Si el estado está “en observación”, el límite del incremento será de 5 por ciento, si es “endeudamiento sostenible”, será del 15 por ciento, pero si está en “endeudamiento elevado”, no podrá contar con endeudamiento adicional “en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas”, esto es una carta de intención…
Es delicado que se limite centralmente el uso de los ingresos propios excedentes, esto es ingresos no incluidos en el presupuesto, quitando esta facultad a los congresos locales. Esto parece un incentivo negativo para el esfuerzo recaudatorio local, a pesar de que pueda tener sentido cuando vemos los abusos de muchos gobernadores.
En resumen, el sistema de alertas es un paso adelante en materia de transparencia, sin embargo, habría que revisar los límites de los rangos, así como los porcentajes de los incrementos a autorizar.
Por otra parte, no olvidemos que 10 entidades concentran tres cuartas partes del endeudamiento total de los estados.
En el primer sistema de alertas publicado esta semana, hay datos interesantes: en el indicador de obligaciones a corto plazo y proveedores, parece que a diciembre de 2016 no había problemas en Veracruz y lo que salía en los diarios, no existió, ni el fideicomiso que intentó crear el gobernador preso en Guatemala, con los recursos del impuesto sobre nóminas, porque en ese punto su alerta es verde, igual pasa con Chihuahua y Quintana Roo.
En el promedio general Durango y Nayarit están en verde, lo que puede hacer pensar que fueron muy eficientes y transparentes sus administraciones anteriores, y no dejaron problema, como dicen los nuevos gobiernos, pero lo dudo. No es el Sistema, sino la calidad de la información en las cuentas públicas. Pero resulta positivo lo de Nuevo León, que logró bajar esos pasivos a la cuarta parte, así como SLP, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán, como también Edomex y CDMX.
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