Rescindir la corrupción
Han pasado más de seis meses desde que empleados de Odebrecht y su filial Braskem confesaron en una Corte Norteamericana haber operado una red internacional de sobornos para asegurar contratos públicos. Entre los años 2010 y 2014 se pagaron alrededor de 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos para garantizar la asignación de proyectos. En ese lapso, estas empresas se hicieron de cuantiosos contratos con Petróleos Mexicanos.
A pesar de la corrupción confesa, hasta ahora el gobierno mexicano y Pemex han sido incapaces de sancionar a los funcionarios involucrados. Mientras tanto, estas empresas continúan beneficiándose de los contratos obtenidos por medio de sobornos, como si nada pasara.
Por ejemplo, la unidad de Braskem en México le reportó ganancias netas por 474 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con su reporte anual. Estas ganancias se lograron gracias a su planta en Coatzacoalcos, Veracruz, cuya operación depende de un contrato sucio celebrado con Pemex en el año 2010, justo en la época en la que se dieron los sobornos.
Por increíble que parezca, en los contratos celebrados entre Pemex y Odebrecht se incluyeron cláusulas anticorrupción en las que se hicieron compromisos de cero tolerancia a los sobornos y a las prácticas ilegales, estas cláusulas que obviamente han sido violadas, posibilitan legalmente la rescisión de los contratos. Sin embargo y a pesar de las confesiones de sobornos, nada se ha hecho para rescindirlos.
Aunque no es sólo por razones legales que deben rescindirse los contratos, sino también económicas. Es insostenible mantenerlos vigentes por el perjuicio que representan para Pemex y para el país. Los sobornos que estuvieron de por medio para su obtención significan que esas contrataciones son desventajosas.
Nadie soborna para ofrecer las mejores circunstancias de contratación, al contrario, la corrupción aparece cuando se ofrecen condiciones de desventaja para el contratante en beneficio del contratista. Precisamente ahí aparece el incentivo para ofrecer grandes cantidades de dinero a quienes pueden asegurar la asignación de un contrato. ¿Cuánto pierde el país con estos contratos?
Las autoridades mexicanas deberían ir más allá y demandar en los Estados Unidos a la empresa brasileña, ya que evidentemente violaron la ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero a la que están sujetas por cotizar en la Bolsa de Nueva York.
De no iniciar este litigio, Pemex podría enfrentar sanciones que podrían impedirle continuar con la colocación de bonos en el mercado de Nueva York.
Existen vías jurídicas para que las consecuencias sean trascendentes, del tamaño de la corrupción de estos contratos. Estas vías están al alcance del gobierno mexicano y de Pemex. Desde el Senado de la República hemos solicitado que se hagan valer las cláusulas anticorrupción para terminar con la relación entre Odebrecht y la petrolera mexicana.
El Sistema Nacional Anticorrupción debería tomar este caso como una gran oportunidad para demostrar que será una instancia útil para el objetivo que fue creado. Debemos dejar de ser la vergüenza internacional en el caso Odebrecht como el único país en el que no ha pasado nada. El objetivo es claro: sanciones ejemplares y la rescisión de los contratos porque en este caso significa rescindir la corrupción.
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*Senador de la fracción Pt-morena