Los daños de la corrupción

La corrupción en México representa un serio obstáculo para alcanzar mayores niveles de bienestar. La identificación correcta de sus causas debería orientar la estrategia para su combate.

En cualquier latitud, la corrupción, entendida como el abuso de las posiciones de poder para beneficio propio, existe tanto en el sector público como en el privado. Por sus implicaciones sociales, la primera, que involucra a funcionarios gubernamentales y, con frecuencia, a participantes privados, resulta especialmente grave.

La corrupción en el sector público se manifiesta de formas variadas, incluyendo el soborno, la extorsión, el nepotismo, la malversación de fondos y la captura del Estado. Con frecuencia se mezcla con fraudes, lavado de dinero y otros delitos.

Al tratarse de actos ilícitos obviamente encubiertos, este fenómeno es difícil de medir de manera directa. De ahí que, aunque con limitaciones, la mejor aproximación a su posible grado sean las encuestas de percepción, realizadas por diferentes agencias internacionales, con base en las cuales se elaboran índices que permiten las comparaciones entre países.

Una fuente comúnmente utilizada para evaluar al sector público es el Índice de Percepción de la Corrupción, producido por Transparencia Internacional. En esa escala, que va de cero a cien, de más a menos corrupción, la calificación de México ha sido baja y cayó a 30 en 2016.

Así, actualmente México ocupa el lugar 123 entre 176 naciones, junto con países como Sierra Leona. La nota recibida es inferior a la de 23 de 30 países de América Latina y el Caribe.

La investigación empírica ha confirmado que, en cualquier lado, la corrupción genera efectos adversos sobre la sociedad y la economía. Por una parte, los abusos tienden a desprestigiar el papel del gobierno y la democracia, al propiciar un ambiente de desigualdad en el trato de los individuos y las empresas frente al Estado.

Por otra, la corrupción limita el crecimiento económico a través de varios canales, destacando los siguientes. De forma directa, los abusos generan distorsiones en los mercados y desperdicio de recursos. Una actividad favorecida por la posibilidad de comprar favores y privilegios gubernamentales es el cabildeo, que distrae a los administradores de empresas de sus funciones productivas.

No obstante, las vías indirectas de transmisión han probado ser las más dañinas. La más importante consiste en la caída de la inversión privada, ya que la corrupción opera como un impuesto a las ventas de los negocios.

Otro impacto negativo es el desaliento a la acumulación de capital humano, al percibirse que no es el mérito sino las influencias lo que determina el éxito. Adicionalmente, la posibilidad de malos manejos reduce la capacidad recaudatoria del gobierno, al tiempo que propicia una baja calidad de la inversión y de los servicios públicos.

El daño económico total de la corrupción es significativo. En un estudio amplio de la evidencia empírica internacional, los economistas Mehmet Ugur y Nandini Dasgupta han estimado que una mejoría de una unidad en el índice de corrupción percibida puede conducir a aumentar el crecimiento del PIB por habitante entre 0.59 y 0.86 puntos porcentuales.

El combate a la corrupción en México es un camino necesario para acrecentar el bienestar social. Su estrategia debería ir a las raíces del problema. El fenómeno no admite simplificaciones, y requiere acciones en varios frentes, sobresaliendo, desde luego, la aplicación objetiva y expedita de las leyes para sancionar ilícitos. Sin duda, la impunidad ha incrementado enormemente la rentabilidad esperada de cualquier delito.

Sin ignorar esa complejidad, una estrategia preventiva enfocada a las causas directas, es decir a las oportunidades para la corrupción, podría ser altamente efectiva. Tales circunstancias surgen de las posibilidades del ejercicio monopólico y discrecional de la autoridad.

Las ocasiones de corrupción son abundantes y se derivan de la existencia de múltiples reglas y regulaciones que, entre otros aspectos, implican el otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones, así como trámites obligatorios. Además, los márgenes de maniobra para el ejercicio del gasto y las contrataciones con el sector privado invitan a la corrupción.

Más que la creación de más burocracias que vigilen a las existentes, el combate a la corrupción debería basarse en el cumplimiento estricto de las leyes y la desregulación. Con un enfoque gubernamental en las tareas básicas y menos discrecionalidad, México podría prosperar.

Opine usted: @mansanchezgz

*Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)