Prueba de fuego para el SJP
Con la extradición de Guatemala a México del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para enfrentar acusaciones de delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros, las autoridades mexicanas tienen frente a sí un reto mayor en materia de procuración de justicia, pues, de acuerdo con ordenamientos bilaterales en materia de extradición, y acorde con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP) vigente para México, el inculpado llega protegido por leyes que le garantizan un debido proceso y la presunción de inocencia.
Dado que sobre el exmandatario pesan acusaciones del orden federal y estatal, Duarte será sometido a la jurisdicción federal y luego a la de Veracruz, sin embargo, si consideramos que el SJP no acaba de ser implementado en su totalidad, y que por falta de capacitación de jueces y ministerios públicos hay fallas, es deseable que estas deficiencias no tengan repercusión en este caso, pues los delitos referidos son graves, aunque los abogados del inculpado digan todo lo contrario, y de ese alegato dependerá en gran medida la sentencia del ahora supuesto infractor.
Es cierto, “el que acusa tiene la obligación de probar”, y esa será la parte más compleja de este proceso que se le ha iniciado al veracruzano, ya que mucho de lo que ahora se conoce en la opinión pública son imputaciones que se encuentran en calidad de averiguaciones previas o imputaciones en los medios de comunicación, y en este caso las especulaciones no formarán parte de las carpetas de investigación, aunque para los veracruzanos y ciudadanos en general existan delitos de suma gravedad, donde se habla de corrupción, violación a los derechos humanos de varios periodistas, fraude, enriquecimiento inexplicable, lavado de dinero, entre otros.
Por supuesto que de todo el listado de irregularidades administrativas que pesan sobre la persona de Javier Duarte hacen pensar más en su culpabilidad que en su inocencia, pero es precisamente ahí donde las autoridades en materia de procuración de justicia tendrán que poner a prueba todas sus capacidades para hacer valer las herramientas de las que goza el nuevo sistema penal, sin querer con ello regresar a etapas donde antes el detenido era culpable hasta que no comprobara lo contario. Ahora la máxima del SJP es “supongo tu inocencia, hasta que la autoridad acredite tu responsabilidad”.
Por otro lado, en esta nueva forma de impartir justicia en todo el país, los casos concluyen hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el poder judicial determina si el imputado es inocente o responsable de haber cometido el delito por lo que fue puesto a disposición del ministerio público. Aquí es importante señalar que en el nuevo modelo se le nombra imputado a la persona que en un proceso penal es señalada como probable de haber cometido un delito, por lo que en este trabajo de aplicación de la justicia, Duarte de Ochoa es inculpado, aunque la opinión pública o sus adversarios políticos digan lo contrario.
Hay versiones de algunos malosos que comentan sobre que el numerito de su aprehensión es un montaje que durará hasta que pase la elección presidencial y luego será puesto en libertad ya que, se dice, el exgobernador veracruzano tiene varias pruebas de que los ríos del dinero iban hacia el PRI y otras altas esferas del gobierno.
Ojala que no sea así y que estemos ante un caso en donde la estricta aplicación del derecho se muestre a cabalidad y el SJP pase esta prueba de fuego con creces.
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