INE fiscalizó en Coahuila con ley no vigente, acusa el PRI
El dictamen sobre el rebase de gastos de campaña es ilegal, asegura el tricolor
La coalición priista Por un Coahuila Seguro impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) con la que acreditó el rebase del tope de gastos de campaña de Miguel Riquelme, por 7.9 por ciento.
El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, acusó que el INE aplicó reglas equivocadas en materia de fiscalización, por lo que en el recurso presentarán las pruebas de que está en entredicho el trabajo que realizaron para aprobar los dictámenes de fiscalización.
En conferencia de prensa conjunta con el gobernador electo, el representante priista ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, y la secretaria jurídica del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), puntualizó que hay un elemento que es sumamente grave: los consejeros electorales sustentaron sus resoluciones en una norma que no está vigente.
Explicó que los artículos 46 bis, párrafo 2, y 143, párrafo 1, inciso D son productos de reformas al Reglamento de Fiscalización y no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no entraron en vigor.
Por ello, al retomar los criterios de fiscalización de dichos artículos, se invalidan los dictámenes aprobados por los consejeros.
“La falta de publicación de la norma convierte en ilegal todo el proceso de fiscalización llevado a cabo por el INE”, manifestó Ochoa Reza.
Al respecto, Jorge Carlos Ramírez Marín explicó que el argumento que presentan sobre el reglamento es de forma, no de fondo, pues los elementos probatorios que entregarán al TEPJF, como parte de la impugnación, también incluyen las pruebas de que Riquelme no rebasó los topes de gastos de campaña.
Indicó que el hecho de que los consejeros hayan retomado los criterios de dichos artículos para la fiscalización, impactará los dictámenes de todos los estados.
Explicó que en el caso de Coahuila se lograría revertir el escenario del rebase de los topes de gastos y, por consiguiente, la nulidad de las elecciones, mientras que en las otras entidades bajará las multas a los partidos.
Ochoa Reza explicó que existen otras inconsistencias en las resoluciones de los consejeros, como el hecho de que no cumplieron con los plazos establecidos para la fiscalización, no se garantizó el derecho de audiencia y no se cumplió con el principio de certeza.
Esta situación, dijo, se reflejó claramente en el hecho de que al último momento “los consejeros se sacaron de la manga 650 millones de pesos” de una factura por la contratación de servicios de Facebook, lo que previamente había sido reportado a la autoridad electoral.