Populismo corporativo

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@rgilzuarth Pensábamos que la democracia acabaría con el corporativismo. El libreto de la transición decía que las libertades políticas, la competencia electoral y la pluralización de la representación sustituirían, de forma definitiva, a la contraprestación selectiva como instrumento de control político. Las alternancias demolerían la “vieja pirámide de jefes” (Schettino, 2007); los partidos y las organizaciones de la sociedad ocuparían el espacio de mediación, hasta entonces monopolizado por estructuras verticales; el ciudadano, dotado de voto efectivo, entraría en relación directa con el Estado en condiciones de igualdad y sin necesidad de forma alguna de sumisión orgánica, gremial o sindical. El fin del presidencialismo hegemónico se llevaría consigo el paternalismo autoritario, la manipulación del acceso a los derechos, la rentabilización política de las demandas.

Pero el corporativismo que sirvió para concentrar el poder en pocas manos, para disciplinar y mantener la estabilidad frente a los impulsos de ruptura, lejos de extinguirse con la democracia pluralista, ha evolucionado hasta ser hoy una de las mayores amenazas para el ejercicio de la autoridad política. El instrumento que sirvió para afianzar el poder del Estado terminó por secuestrarlo. El interruptor del intercambio entre lealtad y recompensa se ha sustituido gradualmente por el mazo del chantaje electoral: “cuanto me des, votos tendrás”. La desigualdad estructural, la lógica clientelar de la política social y los incentivos perversos de la competencia electoral crean círculos viciosos que empoderan a grupos que esclavizan conciencias o que lucran con la necesidad. Monopolizan los privilegios, distribuyen la prebenda, se apropian de la renta pública y privada. Desplazan a la autoridad en la rectoría de las relaciones personales, políticas y económicas. Son las instancias informales sin las cuales es imposible garantizar un mínimo eficaz de control social.

La Ciudad de México es la expresión trágica de la persistencia de prácticas clientelares. El “populismo corporativo” que Arnaldo Córdova observaba como dato esencial del régimen postrevolucionario en la década de los setenta, se ha instaurado, corregido y aumentado, en la capital del país. Se trata de un régimen que no sólo traslada a ciertos grupos un conjunto de beneficios y la capacidad de disponer discrecionalmente de ellos, sino que transige con sus radios de acción. Es un sistema de arbitraje que canibaliza lo público y privatiza lo extralegal. Da y deja hacer en función de lealtades electorales. Extrae riqueza de los bolsillos de unos para subordinar a otros a través de relaciones de intercambio. Recrea la desigualdad, sobre todo de acceso a bienes, derechos y servicios públicos, con el único propósito de conservar clientelas. Permite a El Ojos reinar en Tláhuac a cambio de dejar al delegado disfrutar las mieles de su período trianual.

La violencia, la desigualdad y la exclusión en la ciudad encuentran causa en ese régimen que ha debilitado, hasta el límite de la viabilidad, a la autoridad. Los problemas de convivencia son, en el fondo, los vacíos estructurales que el Estado ha dejado. Es la ausencia de un servicio público que iguala en oportunidades y cuya disposición no debe estar sujeta más que a la condición de ciudadanía. La falta de una autoridad que inhiba esas formas salvajes de privatización de lo común, desde el uso del espacio público hasta el destino de la inversión y el gasto. Es la precariedad del orden que se genera en la tolerancia al equilibrio natural del caos antes que en la aplicación oportuna e imparcial de la ley. La ilusoria inclusión que no libera a la persona de su servidumbre política o económica.

La Ciudad de México necesita su propia transición hacia una democracia auténticamente liberal. La construcción de un modelo de bienestar basado en oportunidades para desarrollar capacidades. La apuesta por un sistema de desarrollo que maximice la libertad de decidir y de lograr. La sustitución del régimen corporativo de los rentistas por una democracia de ciudadanos.

Senador de la República