La clonación de la deuda poblana
Desde hace meses hemos denunciado la deuda oculta en el estado de Puebla a través de un fideicomiso de fuente y garantía de pago (F0144) celebrado entre el gobierno de Puebla (fideicomitente), Evercore (Fiduciario) y a favor de personas físicas o morales que contraten proyectos con el gobierno estatal (fideicomisario). Para instrumentarlo se modificaron las leyes secundarias en 2012. En ellas se estableció que los proyectos de inversión no son deuda y por lo mismo no deben ser autorizados por el Congreso. Lo anterior en violación a los principios constitucionales del 117 fracción VIII.
El esquema de endeudamiento oculto es esencialmente el siguiente: el impuesto a la nómina que recaudan los bancos a nombre del gobierno estatal se remite a dicho fideicomiso para servir de garantía de pago de las obligaciones autorizadas por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas. Esta dependencia autoriza los diversos proyectos, que pueden ser prácticamente de cualquier índole, sin tener que recurrir al Congreso. Al estar fuera de la administración pública y no ser considerados deuda en la legislación estatal, los contratos no son sujetos de escrutinio público, ni pueden ser auditados por la Auditoría Superior del Estado. Lo único que autoriza el Congreso es el monto del presupuesto que se destinará al pago de las obligaciones contenidas en el fideicomiso comentado, año por año, sin tener posibilidad de revisar o revocar dichas obligaciones. De esta manera, el estado de Puebla ocultó por años esta deuda que alcanzó más de 22 mil millones de pesos, que se estará pagando por los siguientes 20 años. Hasta el momento, la mayor parte de esta deuda no está registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, no está considerada oficialmente en la deuda pública del país.
Pero Puebla no es el único estado de la República que se ha estado endeudando de esta manera. En un primer análisis, al menos los estados de Chihuahua, Coahuila, Edomex, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y en menor medida la Ciudad de México tienen esquemas similares de endeudamiento. Todos ellos tienen en común que han sido clientes de Protego-evercore en el pasado (de acuerdo con su página publicada hace ya meses y años), y solamente Tamaulipas ha modificado recientemente su legislación, con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para disminuir la discrecionalidad en los procesos de endeudamiento estatal. Parecen no ser los únicos, de confirmarse los resultados preliminares que nos arroja el estudio que estamos realizando sobre Quintana Roo, Durango, Jalisco, Yucatán y Tabasco.
A primera vista sorprendería que solamente en un caso, Tamaulipas en 2016, se ha modificado la legislación para reducir el riesgo y probablemente evitar los visos de inconstitucionalidad de este esquema, mientras que en las demás entidades no se ha hecho nada. Y sorprende porque muchos de los nuevos gobernadores de esas entidades se quejaron amargamente del monto del endeudamiento que encontraron al llegar, y por tanto lamentaron la limitación a sus posibilidades de disponer de recursos propios ya comprometidos, como el impuesto a la nómina. Una segunda mirada puede explicarlo: ¡no les conviene! Ya tienen un esquema que les permite endeudarse por decenas de años, lo pueden gastar en lo que quieran, sin autorización del Congreso, y no tienen que rendir cuentas a nadie. ¡Imagínese usted!
No es raro encontrar que ante esta posibilidad de disponer de recursos, los gobernadores hayan destinado una parte de estos fondos a fines ajenos a los intereses del estado, como el financiamiento de campañas políticas o incluso para su propio bolsillo. Por eso no extraña que en 7 de estas diez entidades, los exgobernadores que modificaron las leyes para permitir este esquema de endeudamiento están siendo perseguidos por la justicia. Algunos se encuentran encerrados, otros prófugos y otros al menos investigados. En las tres entidades restantes, Edomex, Puebla y Cdmx, hay señalamientos a sus gobernadores o exgobernadores de haber financiado campañas políticas o de enriquecimiento inexplicable, pero no hay procesos abiertos.
Si ya el problema de la deuda estatal oculta es grave, sumarle el factor corrupción obliga a su resolución inmediata. Cada día que pasa se agrava el problema. Y parece que sólo la Suprema Corte de Justicia lo puede lograr.
Opine usted: @ecardenasceey