Dónde se esconde el dinero corrupto
El dilema de quienes cometen un acto de corrupción no termina al recibir sus ganancias, también deben ocultar el dinero obtenido y desligarse legalmente de la propiedad de dichos recursos. Esto se hace mediante el mecanismo que comúnmente llamamos lavado de dinero.
El lavado de dinero es un procedimiento mediante el cual, delincuentes de distinta ralea (narcotraficantes, secuestradores, defraudadores, terroristas, traficantes de armas, evasores fiscales, servidores públicos corruptos), reincorporan a la economía los recursos obtenidos por sus delitos haciéndolos pasar por lícitos, desligando sus nombres de la propiedad del botín. Esto generalmente se hace a través de las llamadas empresas “fantasma”. Dichas empresas suelen ser sólo una fachada legal: no tienen operaciones comerciales verdaderas, no ejecutan negocio alguno fuera de servir como vehículo para el lavado, incluso no tienen personal. Por ejemplo, una empresa que quiere conseguir un contrato del gobierno mediante un soborno, usa la cuenta de banco de una empresa fantasma creada para ese propósito para @benxhill transferir el soborno simulando una transacción comercial. La empresa fantasma figura legalmente como la propietaria de la cuenta de banco donde se deposita el soborno y de los bienes adquiridos con esos recursos (el rancho, el departamento lujoso, el yate, la casa de playa), aunque es controlada de manera oculta pero efectiva por el servidor público sobornado. Así, los bienes están a nombre de la empresa fantasma, ocultando el nombre de quien controla y se beneficia finalmente de esos recursos, esto es, el “beneficiario final”.
Una estrategia sólida contra el lavado debe contemplar el ordenamiento y publicación de la información relacionada con el registro de empresas, en especial de las empresas que son proveedoras del gobierno. Estos registros deben contener como mínimo el nombre de la empresa, su dirección, el tipo de sociedad mercantil e información que permita identificar y localizar si se requiere a los responsables legales de la empresa. Idealmente, estos registros deberían contemplar además información sobre los propietarios, los accionistas y demás personas con alguna responsabilidad legal en la empresa. Toda esta información debe ser pública y accesible, tal vez mediante el sistema Compranet, de tal forma que sea posible saber a nombre de quién opera la empresa.
Otra pieza clave para prevenir el lavado es el papel de los proveedores de servicios financieros y legales que son utilizados para crear empresas, por su nombre en inglés, Trust or Company Service Provider (TCSP). Los TCSP no solamente crean empresas, también actúan a nombre de ellas, ofrecen oficinas y una dirección comercial si el cliente lo requiere, por lo que son una fuente importante de información en la identificación del beneficiario final de una empresa. Debe ser responsabilidad legal de los TCSP realizar una verificación rigurosa –due dilligence– de las empresas que ayudan a crear y evitar la negligencia –muchas veces autoimpuesta– al momento de ofrecer sus servicios para la creación de empresa que podrían ser utilizadas para lavar dinero.
El producto de la corrupción que se oculta mediante mecanis- mos de lavado es el más cuantioso de entre todas las formas de corrupción que existen. Frente a este tipo de corrupción (llamada en la literatura “gran” corrupción), los sobornos a policías y la corrupción burocrática de ventanilla es peccata minuta en comparación. La “gran” corrupción en conjunto desvía recursos públicos en cantidades que alcanzan los miles de millones de dólares. El daño financiero e institucional que este tipo de corrupción genera a un país, sobre todo a países en desarrollo como México, es sumamente corrosivo, ya que generalmente las ganancias obtenidas van a dar a cuentas de banco o la compra de propiedades en otros países. El lavado también facilita otros delitos graves que nos afectan gravemente, como el crimen organizado y el narcotráfico. Por eso no solamente es necesario, sino que debe ser la prioridad más elevada que los países, en especial aquellos que estamos intentando fortalecer nuestro entramado institucional anticorrupción, tengan una estrategia clara y efectiva contra el lavado de dinero.
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