RAYMUNDO RIVA PALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL
La historia de Odebrecht y sus corruptelas en México está llena de misterios y opacidades. En Estados Unidos no confían que la Procuraduría General de la República haga bien su trabajo, y a decir de las últimas filtraciones de la Fiscalía de Brasil sobre el caso mexicano, en aquella nación sudamericana tampoco. La corrupción intercontinental del conglomerado brasileño estalló el 21 diciembre pasado, cuando Odebrecht y su filial petroquímica Braskem, aceptaron haber sobornado a políticos y funcionarios de 11 países entre 2011 y 2016, luego de haber sido descubierta tras una investigación en la que participaron Brasil, Estados Unidos, México y Suiza. La sorpresa del espectacular anuncio fue que al darse a conocer, México fue excluido como coparticipe de la investigación. No le dijeron a la PGR que se iba a anunciar sin el conocimiento del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; éste desdén jurídico y político sorprendió y molestó a las autoridades mexicanas. A los ejecutivos de Odebrecht también.
El acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos era pagar una multa de tres mil 500 millones de dólares, la mayor suma desembolsada para resolver un caso de corrupción en los tribunales de ese país, y que la empresa hablara directamente con cada gobierno donde corrompió para reparar el daño y entregarles toda la información que les concernía. Como plazo máximo para cumplir con lo pactado, era junio. Fuentes ligadas a la empresa dijeron que los ejecutivos de Odebrecht no esperaron e hicieron contacto con la PGR para llegar a un acuerdo bilateral similar, que evitara que les congelaran sus obras en este país y actuaran eventualmente contra sus ejecutivos. Según las fuentes, en diciembre viajaron a México ejecutivos de la empresa para hablar con las autoridades mexicanas.
Quienes llegaron de Brasil fueron Guillermo Solís, el responsable del área jurídica de Odebrecht, y Luis de Meneses Weyll, quien, pese a que era el director de la empresa en México, se encontraba fuera del país por el temor que al estallar el escándalo pudiera ser detenido. Meneses Weyll es un personaje clave en toda esta trama. Su testimonio ante la Fiscalía brasileña, en diciembre pasado, es el que relata pagos irregulares el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin –que él niega vehementemente–, entre 2012 y 2016, para beneficiarlos con obra pública. La declaración de Meneses Weyll se refiere a la obra que se le entregó mediante adjudicación directa a Odebrecht y la empresa hidalguense Construcciones Tapia, en 2015, para la construcción de vías de acceso y obras para un proyecto de utilización de residuos en la refinería de Tula, por 150 millones de dólares, que en junio pasado fue cancelado por Pemex.
Fuentes vinculadas a Odebrecht dijeron que la refinería en Tula no era por la que estaban preocupados en la empresa brasileña, ni figuraba en los puntos que querían hablar con la PGR. El proyecto que les inquietaba era la construcción del gasoducto “Los Ramones”, cuya licitación para construir el tramo dos de la obra, ganó en 2014 a través de Tag Pipelines. El contrato fue de 935 millones de dólares. Desde que se adjudicó el tramo dos de “Los Ramones” hubo críticas porque el proyecto llevaba un sobreprecio de 60 por ciento. Reiteradamente se le pidió que lo detuviera al entonces secretario de Energía en el gobierno de Felipe Calderón, Jordy Herrera, que conoció la obra cuando fue director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, que supervisaba esa construcción. Cuando Herrera dejó el cargo, lo sustituyó Alejandro Martínez Sibaja, el primer funcionario que removió José Antonio González cuando sustituyó a Lozoya en Pemex.
En este espacio se refirió a mediados de febrero que uno de los más nerviosos por el escándalo de Odebrecht era Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General en la administración anterior, y de todas las confianzas de Lozoya Austin. Gracia García era muy cercano a los eje- cutivos de la empresa, y de acuerdo con las fuentes cercanas al conglomerado, realizó “decenas” de viajes a esa nación. No fue posible localizar a Gracia García, señalado por funcionarios peñistas para ilustrar la corrupción que había en Pemex, para conocer su opinión.
En el temario que llevaban Solís y Meneses Weyll, se encontraba también su preocupación por los diferentes procesos electorales en Tamaulipas y Veracruz, dos de los estados donde tenían fuertes inversiones y que temían resultaran afectadas por los cambios de gobierno. En esas dos entidades se presume es donde Odebrecht invirtió en campañas electorales, particularmente en Veracruz, donde la relación que comenzó durante el gobierno de Fidel Herrera, se profundizó durante el de Javier Duarte, en parte por la intensa promoción que hizo de la empresa la entonces embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes.
No se supo nunca si el procurador Cervantes recibió a Solís y Meneses Weyll. Dos meses después, los brasileños le informaron en Brasilia detalles de la investigación, y en mayo, extrañamente, rechazó un acuerdo con Odebrecht de reparación económica y colaboración en la investigación en México. Oficialmente alegó que “bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los exfuncionarios y/o funcionarios públicos involucrados”. Lo que ofrecía Odebrecht era lo contrario: facilitar la investigación. Rechazó esa ayuda y congeló el caso la PGR, cerrando la investigación por cinco años, acatando una instrucción de Los Pinos, hasta ahora, que la opinión pública la ha obligado a actuar.