¿Y las inversiones?
En toda la discusión sobre la posible cancelación del TLCAN se ha hablado muy poco de lo que sucedería con la inversión extranjera directa (IED) y de lo que pudiera hacerse al respecto.
El país necesita capitales para crecer y crear empleos. Dados sus compromisos financieros (internos y externos) y la necesidad de mantener estables las cifras macroeconómicas, no es previsible que la inversión pública vaya a incrementarse pronto. La inversión privada doméstica tampoco tiene perspectivas de ampliarse significativamente, al menos en el renglón de manufacturas. Para reducir la fragilidad de las cuentas externas y para propulsar la economía requerimos más IED.
México ha firmado acuerdos comerciales con muchos países, pero sólo en tres casos se trata de pactos de “integración profunda”: el TLCAN, el de la Comunidad Europea y el de Chile. En ellos se va más allá de la simple rebaja o supresión de tarifas y se incluyen temas como servicios, estándares, regulación de la competencia doméstica, mecanismos para resolución de disputas y, sobre todo, facilidades a la IED. Se ha usado el Tratado como instrumento estratégico para competir por las inversiones. Por eso se incluyeron cláusulas para darle el mismo tratamiento que a la inversión nacional, proteger la propiedad intelectual, inmunizar contra expropiaciones o eliminar barreras a los flujos de capital.
El problema es que en el caso de las inversiones no existe un tratado multilateral comprehensivo, análogo al marco que ha habido para el comercio (GATTOMC). Sin el TLCAN, quedaríamos sujetos a la improbable buena voluntad de quien deseara traer su dinero al país o al capricho del que quiera aceptar las inversiones de los mexicanos allá.
ANTES DEL TRATADO
Hasta 1994, a pesar de que se había liberalizado la legislación que limitaba la entrada de IED, los flujos que venían de Estados Unidos eran reducidos, de corto plazo e irregulares. En cambio, ahora son considerables, constantes y únicamente en un 8% consisten en la adquisición de empresas mexicanas por extranjeros. Además, se dirigen también a los servicios (telecomunicaciones, construcción, bancos, comercio minoristas).
Esa inversión, sin embargo, es muy vulnerable ya que vino aquí por el bajo costo laboral y las facilidades de acceso al mercado de EU. Además, porque está muy concentrada en los sectores que podrían verse más afectados con una cancelación o una remodelación radical del TLCAN (automotriz y autopartes, equipos electrónicos, textil-vestido, industria alimentaria y bebidas).
La posibilidad de atraer inversión de otros países no es muy prometedora. Aunque nos mantenemos en niveles históricos elevados y captamos la quinta parte de la inversión en América Latina, se está observando ya una fuerte caída (7.9% el año pasado), que sólo en parte fue provocada por Trump (suspensión de proyectos de Ford, General Motors, Carrier, Codan Rubber). Se debe a los bajos precios de las materias primas y al lento crecimiento de la economía mundial, pero indudablemente hay un factor estructural: las inversiones se están yendo a los países con mayor productividad y sofisticación tecnológica. Si van a tener que aumentar el contenido estadounidense de sus productos y ya no van a poder aprovechar el diferencial de precio de los factores (mano de obra, tasas de interés, tipo de cambio, impuestos) entre EU y México, las empresas americanas no tendrán incentivos para fragmentar su proceso productivo, relocalizar aquí la fabricación y reexportar bienes intermedios o finales. Sólo en la medida en que pudieran obtener economías de escala y mantener bajos costos fijos, que redujeran la cuenta de comercialización, les convendría poner plantas, básicamente para abastecer el mercado mexicano.
Con o sin TLCAN, se debe hacer un esfuerzo extraordinario para persuadir a más inversionistas de traer aquí sus capitales. No hay que convencerlos de la ventaja de servir a un mercado enorme como el nuestro ni de aprovecharlo como plataforma para llevar sus productos a los países con los que mantenemos alianzas comerciales. Lo que suscita dudas es la falta de un estado de derecho sólido y el poco interés por impulsar la formación de personal altamente calificado y por consolidar grupos y centros de investigación y desarrollo.
Proméxico ha hecho buena labor, pero tiene que enfocarse en traer inversiones a sectores preferentes y en conseguir que estas sean intensivas en tecnología. Debe además coordinar mejor los esfuerzos que hacen los gobiernos estatales.
Opine usted: opinion@ elfinanciero. com.mx