No al pase automático

Hoy inicia el primer periodo ordinario del último año de esta Legislatura. Hoy se entrega el Quinto Informe de Gobierno del presidente Peña que, como es tradicional, es el último en el que el puesto todavía funciona, para el sexto informe ya habrá presidente electo. Todavía en este periodo podrán tomarse decisiones en el Congreso. En el segundo, ya estaremos en las campañas electorales y las tribunas de San Lázaro y Xicoténcatl (pura nostalgia, ahora es Reforma e Insurgentes, pero no suena igual) servirán para puro discurso político.

Seguimos en el proceso de aterrizar reformas. Por ejemplo, hay que acomodar leyes para que el cambio en justicia laboral pueda avanzar. Más atrasado está el tema anticorrupción, donde la clase política, en general, no ha querido avanzar al ritmo que la sociedad exige. Tardaron para traducir la reforma Constitucional en leyes, y han tardado en asignar recursos y nombrar los puestos más importantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que en los hechos todavía no existe.

Todo indica que el elemento que detiene este proceso es si habrá o no “pase automático” en la Fiscalía General. Como está hoy la ley, dentro de una semana debería el procurador general de la República convertirse en fiscal de la nación, puesto que ocuparía por nueve años. Sin embargo, considerando el retraso en la construcción del SNA y el comedido trato que han recibido los gobernadores prófugos y detenidos, la sospecha de que el señor Raúl Cervantes ocupe el puesto de Fiscal para dar cobertura al gobierno actual es muy grande. No sé si esto era o no evidente cuando se estableció ese “pase automático”, pero sin duda lo es hoy, y esto ha incluso permitido un acuerdo entre todas las organizaciones civiles que están en el tema, y créame que eso no es nada sencillo.

Más allá de si Raúl Cervantes cuenta o no con las credenciales y experiencia para el cargo, el problema es institucional. Senador del PRI que intentó ser ministro, no lo logró y fue nombrado procurador, puesto en el que no le hemos visto acciones contundentes contra la corrupción, en verdad no genera la confianza indispensable en una nueva organización, autónoma del Poder Ejecutivo, que tendrá en sus manos la procuración de justicia durante el periodo de transición en el que, suponemos, habrá realmente lucha contra la corrupción en México. Con la evidencia actual, tendríamos que olvidarnos de esa lucha por nueve años más, y no creo que debamos ni podamos hacerlo.

Como hemos comentado en muchas ocasiones, el problema de fondo en México es que no tenemos reglas parejas. Durante el siglo XX, las leyes fueron referencias cuya aplicación dependía de la cercanía con el poder. Por eso el capitalismo de cuates que ha impedido el desarrollo del país, por eso la gran desigualdad de ingreso y riqueza, por eso el corporativismo que ha obstaculizado la consolidación democrática. Y por eso, con el derrumbe del poder centralizado, la explosión de la violencia e inseguridad, así como de la corrupción.

Por todo ello, el nombramiento del fiscal general no es un asunto menor, que pueda resolverse burocráticamente aplicando pases automáticos y mayorías legislativas. Sin importar lo que se haya negociado cuando se pensó en la creación de la Fiscalía, la evidencia con que hoy contamos apunta en una única dirección: es necesario un fiscal autónomo por completo. No es nada sencillo encontrar ese personaje, pero me atrevo a pensar que un ministro de la Corte sería ideal, sobre todo porque tenemos constancia de sus actuaciones en ese puesto. Hay quien ha sugerido al ministro Cossío, y me parece excelente idea. Seguramente habrá un par de nombres más.

Insisto: depende de ello un futuro transitable para la democracia mexicana. No puede haber errores.

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Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey