Tribunal español anula el proceso independentista del gobierno catalán
Ordena a la policía incautar las urnas para el referéndum del 1 de octubre
El cerco contra la independencia de Cataluña asestó ayer dos golpes mortales de parte del Tribunal Constitucional que suspendió, por unanimidad, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobada el jueves pasado por el Parlamento catalán, la cual sienta las bases de la ruptura con el resto de España, y la que pide un referéndum sobre la secesión, mientras estudia el argumento presentado por el gobierno en La Moncloa sobre su inconstitucionalidad.
La Fiscalía pidió, además, a los jefes de las tres fuerzas policiales de la región autónoma, incluida la de los Mossos d’esquadra, que detengan cualquier acción para celebrar el referendo, previsto a celebrarse el 1 de octubre.
“Deben requisar urnas y todo material como papeletas, manuales, ordenadores y material electró- nico, copias del censo no legítimo. Todo el material destinado a preparar y celebrar el plebiscito”, señaló la orden del máximo tribunal, la cual advirtió que cualquier desacato puede costar hasta ocho años de prisión.
El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, informó de inmediato que acataría la orden y envió una circular a los agentes para hacer lo mismo.
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“Habrá 6 mil urnas por el territorio, entre escoger retirar urnas o velar por la seguridad, creo que la policía, todas, tienen prioridades en la vida; retirar una urna no es perseguir un delito, organizar un referéndum no es un delito. Una urna no es material delictivo y un político que organiza el referéndum no es un delincuente”, afirmó en respuesta el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont.
A su vez, el portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, advirtió a la fiscalía que “la prioridad absoluta” de los Mossos es “perseguir terroristas y evitar atentados” y no el retiro de urnas.
El máximo tribunal español también admitió el recurso contra el decreto de Código Tributario de Cataluña que desarrolla la Hacienda del “estado independiente” que postulan los secesionistas.
Sus decisiones fueron notificada, personalmente a Puigdemont, y demás miembros del gobierno catalán, a la Mesa del Parlamento y la coordinación de publicaciones, así como a los miembros electos y suplentes de la sindicatura electoral.
Por su parte, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell anunció que recibieron del Tribunal de Justicia la notificación de que se inicia a trámite la querella contra ella y toda la mesa por haber tramitado las leyes del referéndum independentista y de transitoriedad jurídica.
La Generalitat insiste en desconocer el fallo y en celebrar el plebiscito separatista