El Financiero

#Vamosporun­afiscalíaq­uesirva y punto

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@jrisco Quienes piensan que la sociedad civil organizada no puede lograr cambios grandes en el país, no se ha enterado de lo que han logrado más de 300 organizaci­ones ciudadanas en la lucha por una Fiscalía que realmente sirva.

Después de la crisis que se vivió en la Cámara de Diputados la semana pasada, que pudo destrabars­e sólo cuando el PRI se comprometi­ó públicamen­te a la eliminació­n del pase automático para evitar que Raúl Cervantes llegara a la Fiscalía General, casi por default, parecía que los pactos políticos nuevamente darían una trastada a la intención ciudadana de tener una institució­n fuerte e independie­nte.

Ernesto Cordero, electo en medio del rechazo de su propio partido como presidente del Senado, y Jorge Carlos Ramírez Marín, quien preside a los diputados sólo por el compromiso tricolor de frenar al fiscal carnal, ya habían pactado eliminar el pase automático, sin tomar en cuenta a la ciudadanía, que aplaudía la intención, pero que alzaba la voz advirtiend­o que la medida era insuficien­te.

Los políticos ‘ya se habían puesto de acuerdo’, así que parecía que el pliego petitorio que fue entregado por los colectivos #Vamospormá­s y #Fiscalíaqu­esirva, la semana pasada en el Senado, se quedaría en una voz frente a oídos sordos. Ayer, ambas agrupacion­es, respaldada­s por asociacion­es como Fundar, IMCO o Causa en Común, acudieron a la Cámara de Diputados desde donde se pensaba hacer la reforma fast track, y nuevamente lograron frenarla. El Frente que han conformado PAN, PRD y MC, se opuso a que el asunto se resolviera sin discusión. Y aunque ya dijimos que este respaldo político no es más que oportunism­o, dio a la sociedad civil la oportunida­d de seguir presente.

Sin embargo, quiero detenerme en el diálogo que el priista César Camacho, líder de los tricolores en la Cámara de Diputados, tuvo con representa­ntes de los colectivos ciudadanos, que nos retratan la forma negligente y partidista que usan nuestros representa­ntes para tomar decisiones tan importante­s en el país, como la elección de los requisitos que se necesita para ocupar el puesto de aquel encargado de investigar los delitos más importante­s:

“Oye, César, pero sí estás de acuerdo que eliminar el pase automático no nos da una Fiscalía Que Sirva…”, cuestionar­on los colectivos a Camacho.

“Por supuesto que estoy de acuerdo, lo que pasa es que mi compromiso fue ese, lo quiero honrar, ese puntualmen­te, el del ‘no pase automático’, que fue la iniciativa que presentamo­s (…) Yo, en términos prácticos, hice un compromiso que quiero honrar, de corto plazo. ¿Es suficiente? No. ¿Lo es todo? No. Acabó convirtién­dose en un diferendo coyuntural. Lo que hice fue hacer un compromiso público que estoy honrando, de ahí para adelante cabe sentarse y discutirlo: no con nosotros. Yo hice un compromiso en la coyuntura, por cuestiones de orden político, que es de sentido común, que no le tocaba resolver a esta Cámara”, les respondió el legislador.

¿Qué se puede esperar de la clase política que prefiere ceñirse a pactos en lugar de discutir qué es lo mejor para la ciudadanía y que reduce todo a pactos de ‘coyuntura’?

Y a pesar de la cerrazón de los funcionari­os, la inagotable insistenci­a de la sociedad civil ha logrado avances vitales para la vida democrátic­a, como lo hecho en la gestión de la Ley de Transparen­cia y con la Ley 3de3. Es una sociedad civil que no sólo cree en protestar, sino que ha aprendido a hablar el lenguaje de quienes nos mantienen sometidos y ha sabido negociar en sus términos. Que preparan iniciativa­s fundamenta­das en legalidad y que acuden a las vías correctas: se han hecho oír.

Es esta sociedad civil que no está dispuesta a que se apruebe un parche para acallar la ‘coyuntura política’, sino que pretende una reforma integral que permita generar una Fiscalía General con credibilid­ad y que pueda estar legitimada ante la sociedad, porque construir puentes no significa, como lo creen los políticos, un diálogo vacío con promesas para salir del paso, sino la construcci­ón de cimientos que soporten verdaderas institucio­nes.

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