¿Podrá México cumplir con los objetivos de la agenda 2030?
Poner fin a la pobreza es el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Cada uno de los Objetivos contempla metas e indicadores. En el caso del primer objetivo las dos primeras metas son: 1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día; y 1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales (en el caso de México corresponde a la pobreza multidimensional estimada por el CONEVAL).
La pregunta es si México va a poder cumplir con esas metas. La respuesta tiene que ver la capacidad de aprender y corregir lo que no ha funcionado bien en la política social todos estos años. Es claro que cumplir con las metas no solo depende de la política social, pero es donde los gobiernos tienen un mayor control.
En su Informe de Evaluación de la Política Social 2016 el CONEVAL concluía (de manera políticamente correcta) que ‘Existen un gran número de programas sociales que en lo individual cumplen con sus objetivos y atienden a sus beneficiarios, pero que en una perspectiva de integralidad respecto al objetivo más amplio (el desarrollo social) se contraponen con otros programas, no se complementan o dejan vacíos’.
Un trabajo elaborado por Guillermo Cejudo, Cynthia Michel y Armando Sobrino, como parte de un proyecto de colaboración entre el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE y Acción ciudadana Frente a la Pobreza, denominado: ‘Hacia una política social integral en los estados mexicanos’, apunta en el mismo sentido. En la investigación se señala que el problema de la política social es que ‘en vez de tener una política social integrada, tenemos múltiples programas, que se duplican o empalman’; de igual manera se menciona la ‘ausencia de información compartida, el traslape de responsabilidades entre ámbitos de gobierno, órganos de decisión o coordinación que muchas veces no inciden en el diseño y operación en conjunto y, cuando los hay, resultados sin posibilidad de ser atribuidos a intervenciones específicas’.
La cruda realidad es que además del desperdicio de recursos públicos y la falta de coordinación en la aplicación de los múltiples programas, tampoco ha sido posible después de muchos años, varias administraciones y múltiples esfuerzos, construir un Padrón Único de Beneficiarios, lo cual provoca graves ineficiencias, particularmente si consideramos que CONEVAL ha detectado 6, 751 programas y
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