LOS BANCOS PODRÍAN OPERAR CON MONEDAS VITUALES, COMO EL BITCOIN
La propuesta de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF) fue remitida por la Secretaria de Hacienda ayer a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) donde destaca el reconocimiento a la operación con “activos virtuales” como son las criptomonedas, entre las que se encuentra el bitcoin.
También conocida como ‘ley Fintech’ consta de 139 artículos donde la operación de los activos virtuales se daría bajo lineamientos que emitiría el Banco de México.
Sin embargo, en el artículo 88 se propone que las instituciones de crédito podrán, previa autorización del Banxico, realizar operaciones con los activos virtuales, lo que significa que podrán administrar bitcoins, Etherum, Riple, Litecoin entre otras.
Además de pretender regular las operaciones de crowdfunding, en la propuesta se especifica que las instituciones de fondos de pago electrónico como puede ser Paypal no podrán pagar a sus clientes intereses ni cualquier otro rendimiento o beneficio monetario por el saldo que estos acumulen en el tiempo o mantengan en un momento dado, salvo excepciones.
Las empresas que se encuentren en los supuestos de la ‘ley Fintech’ al operar en el sector financiero, tendrán que recibir autorización para arrancar operaciones e incluso estarán sujetos a la revocación de la licencia para laborar si incumplen con temas como prevención de lavado de dinero.
En la propuesta recién enviada a la Cofemer se destaca la creación en el artículo 93 del Grupo de Innovación Financiera que será “la instancia de consulta, asesoría y coordinación que tiene por objeto establecer un espacio de intercambio de opiniones, ideas y conocimiento entre el sector público y privado para conocer innovaciones en materia de tecnología financiera y planear su desarrollo y regulación ordenados”.
Tal grupo se integrará hasta por doce miembros propietarios, de los cuales uno será de la Secretaría de Hacienda, uno de cada una de las Comisiones Supervisoras y uno del Banco de México, designados por sus respectivos titulares, además de representantes del sector privado.
La propuesta será enviada también al Congreso para que se discuta y en su caso ser aprobada.