Tragedias y presupuesto
Los efectos de los fenómenos naturales (sismos y huracanes) de los últimos meses en el país vuelven a poner de manifiesto diversos aspectos de la sociedad y de la economía como ocurrió en otros momentos de la historia reciente, en particular, el terremoto de 1985, las inundaciones en estados del Golfo y los efectos de huracanes y tormentas tropicales en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entre otros.
Por una parte, se reeditan la solidaridad, la generosidad y, sobre todo, la organización de la gente para coadyuvar al rescate y apoyo de las víctimas de esos fenómenos. Si se pudiera encauzar ese esfuerzo social a otras tareas no coyunturales o críticas, como el arreglo de zonas habitacionales o colonias, mecanismos de alerta ciudadana para seguridad, etc. ya no digamos para organización de la producción en múltiples sectores, el futuro pintaría mucho mejor.
También por el lado positivo están los sustanciales avances en materia de prevención y actuación de protección civil de la sociedad y las autoridades. Aunque siempre son perfectibles, no hay duda que los mecanismos de información, alerta y atención a desastres son muy superiores a los de hace una década. A ello se suman las mejores disposiciones en materia de construcción civil para enfrentar terremotos (al menos en la CDMX). En contraste, los negativos han sido la rapiña, asaltos y robos en momentos de crisis, así como los casos evidentes de corrupción en obras en diversos edificios relativamente nuevos de la Ciudad (Colonia del Valle) o supuestamente “rehabilitados” después del sismo del 85. En este ámbito empiezan las tareas pendientes: se requieren cambios al marco legal-penal y de procuración de justicia para incrementar sustancialmente las sanciones a quien cometa esos ilícitos en momentos de emergencia como la actual.
Por otra parte, donde ya es impostergable realizar cambios de fondo es en el presupuesto público federal. Como se ha comentado, las pensiones absorben recursos crecientes (15.2% del gasto público total propuesto para 2018); contenerlo requerirá a corto plazo modificaciones a los sistemas de jubilaciones, pensiones y ahorro para el retiro. Las participaciones a las entidades federativas (15.5% del total) son cada vez mayores y su ejercicio muy poco transparente, a pesar de los esfuerzos de disciplina financiera y fiscalización de los últimos años. Habría que redefinir todo el sistema de coordinación fiscal para tomar en cuenta no sólo aspectos de esfuerzo recaudatorio y equidad entre los estados, sino también de eficacia y transparencia en el ejercicio del gasto.
Para 2018 el gasto programable aumentaría marginalmente en términos reales (0.3% a tasa anual con respecto al aprobado para 2017), pero la inversión volvería a disminuir ahora en 1.7% real; es preciso cambiar esta tendencia y fortalecer la infraestructura económica y social del país. En contraste, el gasto de los denominados ramos autónomos volvería a incrementarse sustancialmente el año que entra, en particular el del Instituto Nacional Electoral: en 58%!!. (Hay que sumarse a la petición de que el INE y los partidos “donen” $7 mil millones de pesos a las víctimas de los sismos en http://chn. ge/2wgc6oo).
El año que entra se prevén aumentos en las asignaciones para, ahora sí, privilegiar las funciones de seguridad y Estado de derecho. Ojalá sea así, pero es necesario reorientar los presupuestos clientelares y con etiquetas personales, sobre todo en “desarrollo social” desde Prospera y Proagro hasta los “moches” de los programas de los diputados”, hacia políticas públicas más efectivas para el desarrollo: capacitación, aseguramiento, inversión (por ejemplo, en escuelas) y, sí, también en prevención y atención a desastres no sólo vía fondos de emergencia, que suelen aplicarse con grandes deficiencias y desvíos. Está claro que los fenómenos naturales desastrosos serán cada vez más intensos y frecuentes. El presupuesto no está diseñado para atenderlos a mediano plazo.
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*Socio de GEA Grupo de Economistas y Asociados