Punto de quiebre
El terremoto de 1985 marcó un punto de inflexión entre la ciudadanía apática, sumisa y poco participativa que entonces dominaba el panorama nacional, con la que surgió de las ruinas de aquellos miles de edificios derruidos, colapsados: una nueva ciudadanía activa, demandante, participativa, que asumió tareas y responsabilidades ante una tragedia desbordante y una autoridad superada, pasiva, pasmada.
Como hace 32 años, quienes vivimos aquella trágica experiencia y salimos con nuestros 20 universitarios a las calles, reconstruimos una nueva forma de ser ciudadanos, de vivir la participación política, de relacionarlos con la autoridad.
El sismo de hace 2 días ha dejado lecciones elocuentes: estamos mucho mejor preparados, estudiados, aprendidos en materia de organización, reacción inmediata, escuadrones de rescate y emergencia. Estamos también más conscientes y sensibles ante la tragedia, que permitió la movilización y desplazamiento de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y corporaciones policíacas y de emergencia. Otra lección de aprendizaje para todos, es la nueva presencia de las redes sociales en un fenómeno trágico de esta naturaleza. Las redes comprobaron su utilidad y su eficiencia en cuan- to a informar casos específicos de ciudadanos u organizar a grupos y comunidades, pero, al mismo tiempo, resultaron un medio de difusión de datos falsos, erróneos y sin sustento. Las redes son un poderosos mecanismo de reacción ciudadana inmediata, de organización y movilización; pero son también poco confiables en cuanto a información precisa y verificada.
El punto de quiebre de este nuevo sacudimiento de la conciencia cívica, nacional y ciudadana, tiene que ver con las más de 500 mil firmas –al momento de editar este texto– en Change.org, exigiendo al INE que el dinero de los partidos se destine a las víctimas y damnificados del sismo.
Con la etiqueta #Partidosd ensudinero, una poderosa corriente de opinión colocó el tema como primer lugar de tendencias en Twitter desde ayer. El temblor, el sismo que remueve y sacude no sólo la tierra y los cimientos, provoca un despertar exigente en la ciudadanía que impulsa, como primer tema en la mesa del debate, el excesivo, deshonroso e insultante financiamiento a los partidos políticos.
El presupuesto aprobado por el INE para los comicios federales del 2018 suman 6,778 millones de pesos que, a múltiples grupos y organizaciones sociales, ofende y lastima el enorme monto de recursos destinado a las campañas, los spots, los slogans, pero sobre todo a la burocracia partidista.
Tal vez no sea el principal tema de preocupación ciudadana: en las encuestas aparece la inseguridad y la corrupción como los primeros, pero el financiamiento a los partidos se ha convertido, sin duda, en el símbolo de una clase política distanciada de la ciudadanía, incapaz de conectar, de ser auténticos conductos de la inconformidad social, de ser la voz y representación de la voluntad de los electores.
Los partidos han fallado gravemente. Se convirtieron en empresas, en maquinarias fabricantes de personajes medianos para impulsarlos a las bancadas de los Congresos y obtener cuotas de poder, de presupuesto, de cargos y de dinero. Son aparatos que reproducen consignas, que maquinan posiciones y banderas para satisfacer momentáneamente a un electorado y luego usufructuar con su voto. Me temo que no hay uno que se salve, con extrema vergüenza, ni siquiera los de reciente aparición que convirtieron, en poco tiempo, en apéndices y rémoras de los gran- des, en aras de cerrar alianzas que les permitan subsistir en el juego de las curules y los presupuestos.
Este sismo en medio de toda su tragedia, de los derrumbes y las muertes, repite un proceso que parecía olvidado desde hace 32 años: la capacidad ciudadana para organizarse, asumirse como sociedad civil potente, que quiere y demanda derechos y desea corregir desviaciones de una democracia joven e imperfecta.
Si los partidos desoyen este llamado, podría escalar a un rechazo masivo y total de sus logotipos y organizaciones. El INE carece de la autoridad exclusiva para el otorgamiento de recursos porque está determinado en la Ley Electoral. Sin embargo, esta demanda ciudadana representa un punto de quiebre en el modelo de asignación de dineros públicos a los partidos. La exigencia de fondo consiste en la modificación del modelo, encontrar otro esquema mediante el cual se les entreguen recursos limitados, finitos y transparentes para campañas, pero no para mantener por siempre cargos, estructuras y aparatos.
Llegó la hora y el temblor arrasará con más desvíos que edificios viejos, poco verificados y auscultados.
Opine usted: lkourchenko@elfinanciero.com.mx