Oportunidad para reconstruir también a los partidos y a los medios
Si los partidos no reaccionan de manera ágil y contundente ante la tragedia y el coraje social, los terremotos acabarán por arrasarlos. Las campañas de 2018 ya cambiaron. No sólo algunos aspirantes han dejado de ser viables, sino que los temas de la contienda quizá sean otros o quizá los mismos con variantes. Más aún, los partidos no pueden esperar hasta las campañas para hacer ofertas, deben llegar con promesas cumplidas.
Para comenzar, los partidos deben hacer efectiva su promesa de ayuda. Aquí y ahora. No hay pretexto de que primero sean los cambios legales para después dar dinero. Lo único real es que renuncien a sus prerrogativas todavía de 2017, como ha propuesto el PRI, y que esos fondos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación. Eso no requiere cambios a ninguna norma y es ejecutable por el INE si los partidos dan su visto bueno. Problemas a la vista: algunos partidos como el PRD enfrentan deudas que pagan de forma mensual y no pueden comprometer sus ministraciones; otros como Morena prefieren dar dinero de forma directa a las comunidades aunque luego implique multas del INE. De tal forma que lo más probable es que veamos a cada partido ejecutar la “donación” que más le convenga y acusar a los demás de simulación.
Segundo, para que el enojo social contra los partidos sea fuente de un cambio de fondo, se deben aprovechar las siguientes semanas, antes de que se apruebe el Presupuesto de 2018, para modificar la fórmula de financiamiento ordinario de partidos y reducir el presupuesto de forma permanente, aunque ello aplicase a partir de 2019. Debe ser ahora mismo: los cambios de esta naturaleza sólo son factibles en situaciones de crisis y de enorme indignación pública; no hay forma de que los partidos lo hagan una vez pasada la emergencia.
Eliminar el 100 por ciento del financiamiento público es irresponsable, indeseable y demagógico. Nada hay gratis en campañas políticas. Lo que dejen de recibir los partidos con una mano, lo pueden recibir con la otra por debajo de la mesa. Si ya tenemos un grave problema de financiamiento ile- gal de campañas, se agravaría aún más. El sistema se ha corrompido, pero aún tiene solución si se mantiene la válvula del dinero público (claro, en cantidades menores). Si este se elimina, no hay forma de solucionar la corrupción de las campañas y con ello la corrupción en el ejercicio de gobierno.
Tercero, también hay forma de ahorrar recursos con cargo a los congresos. Las asignaciones a grupos parlamentarios suman cientos de millones de pesos a lo largo del país. Tan solo durante el primer año de la actual Legislatura (2015-2018), la Cámara de Diputados erogó 860 millones de pesos. Durante la Legislatura anterior (2012-2015) se erogaron 3,671 millones de pesos para este concepto. Recortarlas a la mitad, por ejemplo, sólo requiere una modificación durante la negociación del Presupuesto. Lo mismo deberían hacer los congresos locales y el Senado.
Cuarto, eliminar los gastos en publicidad oficial, como ha propuesto el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC). En 2016 el presupuesto federal destinado a ese rubro ascendió a 8,270 millones de pesos y si se suman los presupuestos de las entidades, la suma total podría alcanzar cerca de 14,300 millones (haciendo un rápido cálculo con base en datos de 2013 para entidades federa- tivas). Si se le pide a los partidos que pongan de su bolsa –eso es, que reciban menos recursos públicos–, ¿por qué no se exige que la misma merma tengan los presupuestos de publicidad oficial, que casi nunca tiene utilidad pública? No sólo ahorraría recursos sino que estimularía un periodismo más profesional e independiente.
El hartazgo social frente a los partidos se traduce en insultos y juicios sumarios; como respuesta, algunos partidos se suben al tren de la demagogia y proponen medidas de ahorro que traerían consecuencias muy negativas. Además de aquella de eliminar el financiamiento público, otra la hizo el PRI que propone eliminar a todos los legisladores plurinominales. Se trata de una propuesta popular pero con consecuencias negativas para el pluralismo. Sensato sería eliminar a los 32 senadores pluris y quizá a 100 de la Cámara de Diputados, pero eliminarlos por completo afectaría los equilibrios de poder.
El dinero que puedan donar los partidos y la reducción en su financiamiento es insignificante respecto al tamaño del presupuesto. Pero tendría dos virtudes. Uno, recobrar parte de la confianza perdida; y dos, aprender a vivir con austeridad lo cual los haría mejores partidos. Son incompatibles partidos ricos y partidos de lucha.