Desplegará Rajoy a 16 mil policías para evitar consulta en Cataluña Fiscalía ordena a Mossos requisar casillas electorales
“Habrá las urnas, las papeletas y votantes”, reta el presidente catalán Puigdemont
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, está decidido a impedir el referéndum independentista en Cataluña del 1 de octubre, por lo que la Fiscalía Superior catalana ordenó ayer a los Mossos d’esquadra (policía autonómica) localizar los colegios electorales, decomisar el materia para la justa e impedir que se pueda votar en la calle, al menos a 100 metros del lugar requisado.
Unos 10 mil agentes de toda España llegarán a la región autónoma para integrarse a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Cataluña, los cuales rondan los 6 mil efectivos. Sumando una cifra similar a los 16 mil uniformados que integran los Mossos.
Los uniformados catalanes han comenzado a identificar y tomar declaración como testigos a los responsables de los centros que tienen previsto instalar urnas el próximo domingo, mientras la Guardia Civil bloqueaba 140 webs de apoyo al referéndum, entre ellas la de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La orden del fiscal, José María Romero de Tejada, dirigida al mayor de los Mossos d’esquadra, Josep Lluís Trapero, indica que la policía autonómica debe garantizar que no se pueda acceder a los locales que está previsto colocar urnas y que se evite la constitución de mesas electorales mediante un “amplio dispositivo” policial.
LA ORDEN DEL FISCAL
Los Mossos deben identificar las posibles casillas y decomisar “el material destinado a la votación, especialmente urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación o propaganda electoral”.
La instrucción establece además que, en el marco de sus competencias, los Mossos d’esquadra “podrán requerir el auxilio y colaboración de las policías locales” y, de no ser esta suficiente, también podrán solicitar el apoyo de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En tanto, la Comisión Europea (CE) legitimó la orden del gobierno de España de cerrar páginas webs relacionadas con el referéndum, lo que generó polémica y fue denunciado por críticos como una infracción a la libertad de expresión en un país democrático.
“Lo que está ocurriendo es acorde al orden legal. Hay jueces que han ordenado esto. Estas medidas se están tomando en un contexto específico”, justificó en rueda de prensa el portavoz comunitario, Margaritis Schinas.
Pese a las medidas de Madrid, la Generalitat insistió en que el referéndum se llevará a cabo en la fecha establecida.
“Habrá urnas, papeletas y sobre todo votantes”, afirmó su presidente Carles Puigdemont. “Todo está en marcha”, agregó, quien corre el riesgo de ser detenido por desacato.
Criticó, asimismo, la actitud del gobierno español, que trata de impedir la consulta, y dijo que las últimas actuaciones jurídicas y policiales en Cataluña, constituyen una “persecución de las ideas”, con la prohibición incluso de actos públicos.
“Lo que ha pasado estos días no lo olvidaremos nunca. En este país hay cosas que ya hemos decidido que no nos quitarán nunca más”, denunció.
Raül Romeva, responsable de las Relaciones Exteriores del gobierno catalán, aseguró que pese a las críticas y restricciones, el referéndum se celebrará “pacíficamente”. “La gente saldrá a votar”, dijo.