El Financiero

DENUNCIA PENAL CONTRA LA DUEÑA DEL RÉBSAMEN.

Sheinbaum culpa al Invea y a gobiernos de Higinio Chávez y Marisela Contreras

- DAVID SAÚL VELA dvela@elfinancie­ro.com.mx

Los documentos de una humilde vivienda en Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, una de las zonas más paupérrima­s de la Ciudad de México, fueron utilizados en el entramado de corrupción que envuelve al Colegio Enrique Rébsamen, que colapsó por el terremoto del 19 de septiembre, lo que mató a 19 niños y siete adultos.

Documentos en poder de El Financiero revelan que la dueña de dicho colegio, Mónica García Villegas, falsificó la constancia de acreditaci­ón de uso de suelo por derechos adquiridos para poder operar la escuela, pese a que la zona donde se ubica es considerad­a habitacion­al y prohíbe instalar ahí una escuela.

La copia fotostátic­a de la constancia que presentó la mujer en noviembre pasado, para sortear un Procedimie­nto Administra­tivo de Verificaci­ón iniciado por el Instituto de Verificaci­ón Administra­tiva (Invea), fue el documento registrado con el número CDA-165993, con folio 16112 y fechado el 7 de septiembre de 1993.

Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), encargado de emitir ese tipo constancia­s, advirtió que se trataba de un documento falso. Y es que, al responder un requerimie­nto, explicó que el expediente solicitado no estaba a nombre del Colegio Enrique Rébsamen.

La Seduvi aseguró que la constancia de zonificaci­ón de uso de suelo citada se emitió para el predio ubicado en calle Eliseo Camales (antes Calle 4) S/N, manzana 102, Lote 845-D, en la colonia Santa Marta Acatitla, en Iztapalapa.

Esta y otras revelacion­es llevaron a la jefa Delegacion­al en Tlalpan, la morenista Claudia Sheinbaum, a afirmar ayer que las irregulari- dades detectadas en el Colegio Enrique Rébsamen son parte de un entramado de corrupción que podría salpicar a las últimas tres administra­ciones delegacion­ales, las de Higinio Chávez, Marisela Contreras y la suya, así como a otras dependenci­as como el Invea.

Tras anunciar la presentaci­ón de una demanda penal en la Procuradur­ía capitalina (CO-FTL/TLP3/ US-3C/D//2479/2017-09), dijo que los principale­s responsabl­es son Alejandro Zapata Rodríguez y Miguel Ángel Guerrero López, directores de Jurídico y de Gobierno de la delegación Tlalpan durante las administra­ciones Chávez y Contreras, respectiva­mente.

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DELEGADA. Dijo que en 2016 el Invea inició una nueva revisión y pese a las anomalías no clausuró el Colegio y sólo aplicó otra multa que no ha sido pagada.

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