CDMX: Reconstrucción, ¿hacia dónde?
La administración de Miguel Ángel Mancera ha hecho una clasificación de los inmuebles capitalinos que resultaron dañados el 19 de septiembre.
Los dividió en colores: verde (daños leves, los inquilinos pueden permanecer mientras se hacen las reparaciones. O hacerlas ellos mismos). De esos hay 10 mil.
Amarillo, donde las obras no pueden coexistir con ocupantes. Hay entre 1,200 y 1,300.
Finalmente, la ciudad de México tiene 500 inmuebles con daño estructural.
Por donde se vea, ese recuento de los daños supone un reto mayúsculo.
Mancera anunció un fondo de 50 millones de pesos para apoyo de renta (3 mil pesos mensuales a unas diez mil familias). Asimismo ayer informó de un plan de respaldo a los negocios por 710 millones de pesos.
Se han prometido pagos de 8 mil pesos para arreglos de inmuebles cuyo daño fue catalogado como leve, y para atender las reparaciones de los de color amarillo, el jefe de Gobierno propone un mecanismo dual: los socios de la ADI (Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, AC) podrían llevar a cabo las obras, y habrá créditos del Invi (Instituto de Vivienda).
Para el medio millar de edificios con daño estructural, ha dicho Mancera, se cocina ya un plan financiero que se basará tanto en el Fondo de Contingencias de la Ciudad de México como de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Estas primeras medidas serán puestas a prueba en cuestión de días. Con cientos de familias desalojadas, temporal o definitivamente, de sus casas, con negocios que se quedaron sin sus locales, la CDMX pasará de la emergencia al estrés de tratar de volver a ponerse en marcha.
Así que en poco tiempo sabremos el efecto de los anuncios de Mancera. Ojalá que como primer paso resulten un paliativo para capitalinos que ya sufrieron, y sufren, en demasía.
Cosa distinta hay que opinar del decreto de programa de reconstrucción anunciado por Mancera el martes.
El pecado original de ese acto de gobierno es que el decreto, que crea una comisión que buscará definir un programa de reconstrucción, no se propone, deliberadamente, y antes que cualquier cosa, generar un diagnóstico sobre lo que le pasó a la Ciudad de México el 19 de septiembre.
Mientras la UNAM y otros entes han venido poniendo en la mesa de la opinión pública, tanto informes preliminares de lo sucedido el martes de la semana pasada como estudios que advertían de condiciones no atendidas luego de 1985, el decreto de Mancera mira hacia el horizonte sin plantearse la ejecución de una radiografía de lo que pasó, de lo que influyó en que hubiera más daños en unas zonas que en otras, en un tipo de edificios que en otros (antigüedad, altura, ubicación) y, por supuesto, pero nada menor, en qué medida la falta de supervisión y/o la corrupción fueron factor para la destrucción.
De forma que tenemos a un gobierno que por un lado parece entender que ha de actuar con prisa en la atención de los damnificados, pero que por el otro acaba de crear una comisión, que dependerá de la friolera de 27 organismos públicos capitalinos, que deberá gestionar los recursos para la reconstrucción, que deberá convocar a organismos de la sociedad civil “nacionales e internacionales”, y que deberá crear un programa de reconstrucción para una ciudad más “resiliente” que ha de aprobar Mancera.
Cómo se puede hacer un programa para una ciudad resiliente si no sabemos ni qué nos pasó. Como cuando había, antes del 19S, tanto por discutir en planeación urbana.
Por qué no empezamos por leer el decreto y discutir si estamos de acuerdo en lo que nos propone.