Regulación local, reto principal en el sector telecom
La regulación a nivel local, municipal y regional es uno de los principales retos en materia de competencia del sector telecomunicaciones en la República Mexicana.
Según expertos, pese a la reducción de las barreras a la entrada tras la reforma al sector, la regulación en este nivel es un tema pendiente dadas las disímiles normas por las que se rigen diferentes localidades.
Gabriel Contreras, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuestionó el costo que representa para los Están disponibles para instalar infraestructura telecom en México; la meta es llegar a 20 mil al final del año.
jugadores contar con ofertas de servicio en zonas donde aún no se tiene cobertura.
“¿De qué sirve que ganemos tanta certidumbre y tanta reducción de barreras en un plano nacional, si lo que tienes a nivel municipal es una terrible incertidumbre de cuánto te van a extorsionar, legalmente hablando, por desplegar una fibra, instalar una radio base o darle mantenimiento por mantenerla ahí?”, comentó recientemente.
La regulación a nivel municipal es uno de los asuntos que la comisionada María Elena Estavillo planteó en su plan de trabajo como aspirante a presidir el IFT. En éste pretende desarrollar un proyecto en el tercer trimestre del próximo año y lograr un avance de por lo menos 30 por ciento al cierre del 2018.
Lo anterior con base en un diagnóstico que sirva como guía a los gobiernos municipales para homologar y transparentar sus trámites y procedimientos relacionados con la infraestructura de telecomunicaciones, con el objetivo de disminuir costos normativos, mejorar su comunicación con los regulados, así como sensibilizarlos sobre los beneficios que traerá la inversión de infraestructura en sus localidades.
Para Fernando Borjón, director general del Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones, un factor fundamental para eliminar estas barreras de despliegue está en la forma en que se va a lidiar con la regulación para que las autoridades locales den apertura.
En su opinión, la ruta es promover la ampliación de la política inmobiliaria a través del sistema ARES, que se basa en el arrendamiento de inmuebles públicos para la instalación de infraestructura en las superficies o azoteas.