La evaluación del presupuesto gubernamental
El mes pasado, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión el Paquete Económico para 2018. Se trata de un conjunto de documentos que contiene el detalle de lo que el gobierno espera recaudar y gastar el próximo año.
Para su examen, los analistas suelen enfocarse en dos aspectos. Uno es la razonabilidad percibida del marco macroeconómico, dentro del cual se proyectan los ingresos y las erogaciones gubernamentales.
Dado que las autoridades incorporan en sus estimaciones el promedio de los pronósticos más actuales de los expertos, no es sorprendente que el ejercicio presupuestal se juzgue “realista”.
El otro rasgo explorado son las implicaciones del déficit púbico. Si bien los matices varían dependiendo, entre otros aspectos, del desbalance contable seleccionado, la opinión general es clara: si la razón de deuda pública a PIB no aumenta, el presupuesto se considera “responsable”.
El paquete gubernamental ha merecido el beneplácito en ambos aspectos. En particular, se ha visto de forma favorable que, por segundo año desde 2008, se persiga un superávit primario, es decir, un exceso de ingresos sobre gasto exclu- yendo el costo financiero.
La razón de la aprobación de este segundo ámbito es natural: durante los últimos nueve años, la medición más completa de deuda pública federal, conocida como Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), creció más de quince puntos porcentuales del PIB, hasta rebasar 50% en 2016.
La proporción más reciente hubiera sido mayor, a no ser por los ingresos no recurrentes del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM), los cuales superaron un punto porcentual del producto. Es claro que, de continuar esa tendencia, el endeudamiento gubernamental sería insostenible.
La contención de la deuda pública es una condición favorable para la economía, entre otras razones, porque se mantienen acotados los indicadores de “riesgo país”. Este factor incrementa el costo de financiamiento no sólo del sector público sino del privado.
El superávit primario debe ser suficiente para que el endeudamiento deje de crecer o disminuya. Para 2017, se espera que la proporción del SHRFSP será, por primera vez en una década, ligeramente inferior a la del año previo, aun sin considerar el ROBM, que este año ascendió a punto y medio del producto. Además, se propone una disminución de más de dos puntos porcentuales para 2018.
Como es costumbre, las proyecciones de finanzas públicas se extienden a los cinco años subsecuentes. Ese ejercicio, sin embargo, no ha sido vinculante, a juzgar por las desviaciones históricas sustanciales. Por ejemplo, en 2012 se calculaba que el SHRFSP en 2018 sería de 35.4%, doce puntos porcentuales más bajo que el actualmente proyectado.
Tal discrepancia refleja el efecto acumulado de sucesivos errores de subestimación. Para el corto plazo, un riesgo evidente al alza es el costo fiscal de la reconstrucción por los sismos ocurridos durante el mes pasado.
Si bien son pertinentes las consideraciones anteriores, una evaluación presupuestal que concluyera aquí tendría, por lo menos, dos grandes limitaciones. En primer lugar, para el desempeño de la economía, el monto y la composición de los ingresos y egresos son tanto o más importantes que el déficit resultante.
En particular, no es lo mismo un desbalance fiscal con más o con menos ingresos. Aunque suele verse como “exitosa”, una mayor recaudación implica más extracción de recursos del sector privado, los cuales tienen un costo de oportunidad. Es común que con más ingresos el gobierno aumente su gasto, si cumple con la meta del déficit.
Por ello, convendría conocer la valuación social de los proyectos públicos. Por ejemplo, llama la atención que, como proporción del PIB, una vez más para 2018, se prevea una reducción de la inversión pública y un aumento del gasto corriente.
En segundo lugar, el paquete económico debería orientarse a objetivos de desempeño. Las funciones básicas del gobierno son conocidas y se refieren a bienes y servicios que difícilmente pueden ser provistos por la sociedad.
Estos incluyen la seguridad pública, el Estado de derecho y la infraestructura básica. Existen organismos públicos y privados que publican estadísticas asociadas a estas tareas, las cuales podrían utilizarse.
En resumen, la apreciación integral del paquete económico requeriría elementos que rebasan el enfoque tradicional contable. En particular, sería benéfico que el ejercicio presupuestal incluyera la valuación social de los proyectos públicos, así como medidas específicas de desempeño.
Opine usted: @mansanchezgz
*Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)