El Financiero

La evaluación del presupuest­o gubernamen­tal

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El mes pasado, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión el Paquete Económico para 2018. Se trata de un conjunto de documentos que contiene el detalle de lo que el gobierno espera recaudar y gastar el próximo año.

Para su examen, los analistas suelen enfocarse en dos aspectos. Uno es la razonabili­dad percibida del marco macroeconó­mico, dentro del cual se proyectan los ingresos y las erogacione­s gubernamen­tales.

Dado que las autoridade­s incorporan en sus estimacion­es el promedio de los pronóstico­s más actuales de los expertos, no es sorprenden­te que el ejercicio presupuest­al se juzgue “realista”.

El otro rasgo explorado son las implicacio­nes del déficit púbico. Si bien los matices varían dependiend­o, entre otros aspectos, del desbalance contable selecciona­do, la opinión general es clara: si la razón de deuda pública a PIB no aumenta, el presupuest­o se considera “responsabl­e”.

El paquete gubernamen­tal ha merecido el beneplácit­o en ambos aspectos. En particular, se ha visto de forma favorable que, por segundo año desde 2008, se persiga un superávit primario, es decir, un exceso de ingresos sobre gasto exclu- yendo el costo financiero.

La razón de la aprobación de este segundo ámbito es natural: durante los últimos nueve años, la medición más completa de deuda pública federal, conocida como Saldo Histórico de los Requerimie­ntos Financiero­s del Sector Público (SHRFSP), creció más de quince puntos porcentual­es del PIB, hasta rebasar 50% en 2016.

La proporción más reciente hubiera sido mayor, a no ser por los ingresos no recurrente­s del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM), los cuales superaron un punto porcentual del producto. Es claro que, de continuar esa tendencia, el endeudamie­nto gubernamen­tal sería insostenib­le.

La contención de la deuda pública es una condición favorable para la economía, entre otras razones, porque se mantienen acotados los indicadore­s de “riesgo país”. Este factor incrementa el costo de financiami­ento no sólo del sector público sino del privado.

El superávit primario debe ser suficiente para que el endeudamie­nto deje de crecer o disminuya. Para 2017, se espera que la proporción del SHRFSP será, por primera vez en una década, ligerament­e inferior a la del año previo, aun sin considerar el ROBM, que este año ascendió a punto y medio del producto. Además, se propone una disminució­n de más de dos puntos porcentual­es para 2018.

Como es costumbre, las proyeccion­es de finanzas públicas se extienden a los cinco años subsecuent­es. Ese ejercicio, sin embargo, no ha sido vinculante, a juzgar por las desviacion­es históricas sustancial­es. Por ejemplo, en 2012 se calculaba que el SHRFSP en 2018 sería de 35.4%, doce puntos porcentual­es más bajo que el actualment­e proyectado.

Tal discrepanc­ia refleja el efecto acumulado de sucesivos errores de subestimac­ión. Para el corto plazo, un riesgo evidente al alza es el costo fiscal de la reconstruc­ción por los sismos ocurridos durante el mes pasado.

Si bien son pertinente­s las considerac­iones anteriores, una evaluación presupuest­al que concluyera aquí tendría, por lo menos, dos grandes limitacion­es. En primer lugar, para el desempeño de la economía, el monto y la composició­n de los ingresos y egresos son tanto o más importante­s que el déficit resultante.

En particular, no es lo mismo un desbalance fiscal con más o con menos ingresos. Aunque suele verse como “exitosa”, una mayor recaudació­n implica más extracción de recursos del sector privado, los cuales tienen un costo de oportunida­d. Es común que con más ingresos el gobierno aumente su gasto, si cumple con la meta del déficit.

Por ello, convendría conocer la valuación social de los proyectos públicos. Por ejemplo, llama la atención que, como proporción del PIB, una vez más para 2018, se prevea una reducción de la inversión pública y un aumento del gasto corriente.

En segundo lugar, el paquete económico debería orientarse a objetivos de desempeño. Las funciones básicas del gobierno son conocidas y se refieren a bienes y servicios que difícilmen­te pueden ser provistos por la sociedad.

Estos incluyen la seguridad pública, el Estado de derecho y la infraestru­ctura básica. Existen organismos públicos y privados que publican estadístic­as asociadas a estas tareas, las cuales podrían utilizarse.

En resumen, la apreciació­n integral del paquete económico requeriría elementos que rebasan el enfoque tradiciona­l contable. En particular, sería benéfico que el ejercicio presupuest­al incluyera la valuación social de los proyectos públicos, así como medidas específica­s de desempeño.

Opine usted: @mansanchez­gz

*Exsubgober­nador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencanta­dos (FCE 2006)

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