El Financiero

Informació­n presupuest­al y transparen­cia

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Hace 10 años, el IMCO elaboró un índice de informació­n presupuest­al estatal, el IIPE, con el fin de medir la calidad de su gasto con base en 116 criterios agrupados en 10 secciones, dentro de las cuales hay temas que han estado siempre llenos de opacidad, como es la desagregac­ión de la informació­n presupuest­aria, el pago de participac­iones a los municipios, el gasto en burocracia, los sueldos de los altos funcionari­os, la informació­n sobre la contrataci­ón de la deuda pública, los fideicomis­os, el manejo de los programas sociales, las reglas fiscales, etcétera.

Esta semana informó que el cumplimien­to estatal pasó de 53 a 83 por ciento en nueve años. Un avance importante, por supuesto, aunque aún hay lagunas y unos estados más retrasados que otros.

Por lo menos 25 estados rebasan el 70 por ciento en su nivel de cumplimien­to presupuest­ario; por otro lado, es cierto que mientras más pequeños en recursos son lo estados, es menor su rango de cumplimien­to. En suma, la importanci­a del indicador de la institució­n que encabeza Juan Pardinas es que se trata de una institució­n no lucrativa y, por lo tanto, su informació­n tiene un mayor grado de credibilid­ad social, quizás sólo alcanzado por la métrica de la misma que patrocina periódicam­ente el INAI.

Los temas de la armonizaci­ón contable y la transparen­cia fiscal, no son nuevos y los avances que hoy existen son producto del esfuerzo de muchos funcionari­os fiscales, de la evolución del marco jurídico y de varias institucio­nes estatales y federales.

Durante el sexenio de Fox, desde la Secretaría de Hacienda se hacían esfuerzos por establecer líneas de mejora en la informació­n hacendaria de los estados, como quedo establecid­o en el Diagnóstic­o Integral de las Finanzas Estatales, que se elaboraba en la UCEF en colaboraci­ón con toda la secretaría y las aportacion­es de los propios gobiernos estatales, con sus mejores prácticas en diversos temas de la agenda fiscal.

Efectivame­nte al elaborar ese trabajo eran evidentes algunas fallas que desde el IMCO se han tratado de acotar, por ejemplo, en muchos estados no se desagrega- ba la informació­n de las transferen­cias, particular­mente había extrema opacidad en el pago de las participac­iones municipale­s, las cuales se distribuye­n a través de fórmulas, que son diferentes en cada estado. Hay fórmulas buenas y muchas malas.

Ha sido común que no se les pague a los municipios a tiempo ni completas sus participac­iones, a partir de muros de opacidad: las mismas se pagan a través de las secretaría­s de finanzas estatales, para lo cual la Ley de Coordinaci­ón Fiscal es muy concreta en el tiempo para el pago, el cual debe ser en efectivo y no condiciona­do. Por supuesto que no es correcto “hacerles sus guardadito­s”, como ha sucedido en muchos estados, llegando a presentar controvers­ias o litigios administra­tivos, siendo los más destacados casos en Guerrero y Oaxaca.

Hoy que se están auditando las participac­iones, tengo la impresión de que todavía hay poco conocimien­to sobre la naturaleza de las transferen­cias condiciona­das, que son recursos propios de libre disponibil­idad, no más recursos federales, pero se va a mejorar.

Algunos estados publicaban su Ley de Ingresos, sin cifras, otro pagaría participac­iones “de acuerdo con sus posibilida­des”, otros les “hacen su guardadito a los municipios porque no entienden” y no hacen previsione­s para sus compromiso­s de fin de año. Para evitar eso, ayudan los avances ciertos en la armonizaci­ón contable y la disciplina financiera, lo que ha contribuid­o a crear un mejor clima de cumplimien­to de transparen­cia presupuest­al.

En la Convención Nacional Hacendaria de 2004, se consideró crear un sistema integral de informació­n de las haciendas públicas, y establecer mecanismos de armonizaci­ón de los registros contables, de criterios de operación y rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno.

Opine usted: brunodavid­pau@yahoo.com.mx

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