Nuestros desaparecidos

@jrisco Es la herida más dolorosa y la que nunca sana. La angustia es transversal, recorre todas las generaciones de una familia, la padece el más pequeño de la casa, que apenas comienza a hablar, y llega hasta el mayor, el que no puede levantarse de una silla.

Durante un tiempo es el tema recurrente, el que opaca cualquier conversación, al paso de los meses se convierte en el silencio de un domingo, en el pasado inolvidable, pero al fin presente. Así describen sus días los que buscan, los que aman a un desaparecido.

En los últimos diez años hemos escuchado tantas historias: amigos, vecinos, conocidos, familiares, que salieron rumbo a Tampico y se los comió la tierra; que regresaban de una cena en Torreón y se perdieron sin rumbo; que los levantaron unos federales en Chilpancingo; que no se supo de ellos después del retén militar en Coatzacoalcos; que su teléfono dos años después sigue mandando a buzón.

Ya sea por omisión o complicidad, el Estado mexicano se ha convertido en el verdugo de una sociedad en vilo.

La desaparición forzada es definida como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

Luego de años de que madres y familiares de desaparecidos se manifestaron año con año frente a oficinas de la PGR, el Senado o la Secretaría de Gobernación, y al menos dos desde que una iniciativa se admitió a discusión en el Congreso Federal, ayer finalmente se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México.

Estuvo en la congeladora hasta que en abril de este año fue aprobada en el Senado y ayer con 361 votos de 500, fue avalada en la Cámara de Diputados. Un día histórico en una lucha que aún tiene un largo camino.

Con más de 30 mil personas en un registro oficial de desaparición, esta primera ley en la materia deroga artículos del Código Penal Federal y la Ley General de Salud, que se relacionan con sanciones por desaparición y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.

La iniciativa aprobada por unanimidad en las bancadas crea un Sistema de Búsqueda de personas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, que homologue criterios que a nivel estatal han dificultado desde siempre las investigaciones, y crea también la Comisión Nacional de Búsqueda.

Es un paso importante e imprescindible para avanzar en el tema, sí, pero aún es insuficiente. Organizaciones civiles han señalado los grandes faltantes de esta ley, como el que no contemple sanciones para la autoría intelectual o la participación de altos mandos que ordenen a subordinados la desaparición de alguna persona, o la falta de un instituto forense realmente independiente, que no permita el entierro de cuerpos no identificados en fosas comunes, sin agotar la posibilidad de que se trata de un desaparecido que se busca en alguna otra entidad.

Y aunque es un paso hacia adelante, el discurso del gobierno sobre su preocupación en el tema se reflejará ahora en la discusión del presupuesto, cuando realmente demuestren los recursos que están dispuestos a invertir en uno de los temas que más lastiman al país, con una crisis de derechos humanos que tiene al PRI con un pie fuera de Los Pinos.

Opine usted: politica@ elfinanciero. com.mx