LA DANZA DE LOS FONDOS
Los recursos son siempre escasos y lo son más cuando ocurren desastres naturales devastadores como los sismos de septiembre. La solidaridad de los ciudadanos ante la tragedia de familias y comunidades fue el dato más venturoso que logró cambiar –aunque temporalmente– la negativa imagen internacional de nuestro país. Jóvenes y no tan jóvenes, organizaciones civiles y de la sociedad civil se volcaron para aportar y organizar alimentos, ropa, materiales y recursos para apoyar el rescate. Ahora que entramos a la fase de reconstrucción, la idea de armar fondos y fideicomisos se ha colocado en el centro, pero tengo para mí que el problema no es la falta de dinero, sino la manera opaca como se manejan los recursos, la muy escasa vigilancia social a la que se someten y, sobre todo, los deficientes mecanismos de control público que existen. No es casual que la desconfianza ronde a toda la energía de colaboración social que existe.
Hay una gran fragmentación y dispersión en la recolección de fondos que milita en contra de una adecuada planeación del rescate que garantice que se usan bien los recursos, que se alcanzan los resultados deseados y que no se cuela la corrupción. Además del Fondo del gobierno federal para desastres naturales (Fonden), está el del gobierno capitalino (más de $9,000 millones) y cada cual tiene sus reglas de operación y de monitoreo. Están los fideicomisos privados de grandes empresarios como Carlos Slim, de instituciones bancarias, del Consejo Coordinador Empresarial (Fuerza México), pasando por el de la Cruz Roja y múltiples pequeños fondos ciudadanos abiertos a donaciones para poner de pie a las zonas afectadas. Cada uno de ellos tiene objetivos y esquemas particulares de funcionamiento, de seguimiento y de transparencia. El CCE firmó un convenio con el INAI para que la operación de Fuerza México se ciña a las reglas de transparencia. Empero, no se vislumbra una determinación clara del gobierno federal para liderar, junto con las organizaciones sociales, la unificación de los fondos en torno a reglas comunes de operación y monitoreo. Es cierto, los privados desconfían de la manera como se manejan los recursos públicos y temen que no se cumplan las normas de contratación, o que se utilicen para fines políticos electorales, tal como lo ha documentado Oxfam en el reparto de despensas en Oaxaca.
Si revisamos los informes de la ASF respecto del Fonden en- tre 2010 y 2015, veremos que no se han escatimado recursos para atender los desastres naturales, en cambio persisten irregularidades en su aplicación y déficits en sus resultados, y para muestra un botón.
En 2015, se aprobó un fondo para desastres en Veracruz a través de Conagua, SCT y Sedatu para la construcción de viviendas y obras de infraestructura. El informe de la auditoría financiera y de cumplimiento (15-0-06100-02-0045) encontró que hubo adjudicaciones directas; que no se construyeron las viviendas que contaban con recursos autorizados por más de $14 millones de pesos; que hubo contratos que no se formalizaron sino 8 meses después de ejecutada la obra, o que se dieron pagos anticipados a empresas que habían diferido las obras.
En 2014, en Baja California Sur, otra auditoría (14-0-06100-020150) identificó contratos por adjudicación directa; contratos por más de $17 millones de pesos que sólo tenían asignado $1,867,000; subejercicios, porque Fonden no había gastado cerca de $6 millo- nes que estaban autorizados y tampoco se había acreditado el programa de entrega de tarjetas canjeables por paquetes de materiales de construcción y reparación de viviendas, semejante al que se está desplegando en la actualidad. La ASF ha informado que se cancelan obras y no se reintegran los recursos al Fonden, que se comprometen recursos en contrataciones muy por encima de lo autorizado, que no se comprueba el gasto ejercido, entre otras fallas. Huelga decir que aunque estas irregularidades están documentadas, no han servido para inhibirlas a futuro, porque ni se ha sancionado a los responsables, ni se ha rescatado el dinero desviado para reparar las viviendas y la infraestructura de las comunidades afectadas.
Es urgente que el gobierno federal demuestre que tiene capacidad de convocatoria para conformar un gran fondo que articule la planeación y asegure la transparencia de la reconstrucción, para hacer de esta coyuntura dramática una muestra de comunicación responsable entre la sociedad y el Estado.