Regulación de profesiones

Algunos creen que con imponer la obligación de renovar cédulas profesionales, o imponer barreras a la entrada de nuevos profesionistas, resolveremos la mala calidad de la prestación de servicios y los abusos de algunos de éstos en el país. Eso es un error. Peor aún si creemos que con eso mejoraremos la mala calidad educativa o los problemas de corrupción relacionados con ello.

Con tragedias como los recientes temblores, se ha revivido un debate en el país sobre si ciertas profesiones deberían tener una mayor regulación y control, como el caso de los ingenieros. También ha existido ese debate sobre médicos, abogados, dentistas y corredores de bienes inmuebles, entre otros.

Por otro lado, desde hace tiempo se ha discutido también la necesidad de relajar ciertas barreras como las que existen para ser piloto o técnico de embarcaciones o aeronaves, para ser notario o para ser médico.

Regular ciertos oficios o profesiones puede ser deseable por muchas razones. El Estado debe intervenir y debe proteger a consumidores vulnerables, asegurándose que quien se dedica a ciertas actividades, cumpla con un mínimo estándar de preparación, y quizá también de actualización. En Estados Unidos por ejemplo, muchas ocupaciones tienen mucha mayor regulación que en México. Sin embargo, la regulación pública o privada de servicios no debe contravenir la libertad de ocupación y comercio, ni limitar la disponibilidad de profesionales en los mercados.

Uno de los principales retos entonces es a quién y cómo regular. Existen por ejemplo: regulación de controles de entrada (número cerrado de notarios, por ejemplo), la forma en la que se presta un servicio (dónde, cómo), la protección en la exclusividad de prestarlo por una profesión en especial (un médico general no puede hacer lo que el especialista) e incluso la estructura que pueden tomar ciertos organismos de la profesión u oficio o en la que se puede certificar a quienes lo prestan.

El problema viene cuando se da una sobrerregulación que puede afectar a la competencia y la innovación, generando privilegios para los ya establecidos en detrimento de los que quisieran entrar, y se presta a abusos y captura de las asociaciones o los reguladores para generar barreras a la entrada de nuevos miembros de la profesión u oficio. En muchos casos genera mayores oportunidades a la corrupción o innecesaria “tramititis”. Al limitarse la entrada, el consumidor paga precios más altos y obtiene menor variedad y calidad.

Desde mi punto de vista, no hemos atinado en el punto medio y existen muchos abusos en las restricciones en México. Las autoridades de competencia de varios países se han pronunciado por la necesidad de romper con barreras artificiales que en la mayoría de los casos no aseguran mejor calidad en el servicio, sino por el contrario, generan afectaciones en calidad y evolución del mercado en cuestión. En la mayoría de las experiencias internacionales, ha sido de especial preocupación la posibilidad de que los competidores establecidos puedan definir la entrada o

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