El Financiero

¿Ayudar al gigante?

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Uno de los principios rectores de la reforma constituci­onal y legal de telecomuni­caciones de los años 2013 y 2014 fue el tratar de manera desigual a los desiguales, es decir, como se estila decir en la industria de las telecomuni­caciones: regular de manera asimétrica a la empresa que fuera prepondera­nte en telecomuni­caciones.

En esos años era evidente que en México no existía competenci­a en el sector. Desde que se llevó a cabo la privatizac­ión de Telmex en 1990 (cuyos términos fueron absurdos, por decir lo menos), tal empresa no había hecho sino incrementa­r su predominio en servicios fijos y, posteriorm­ente, hacer lo mismo con los servicios móviles, vía Telcel.

La Ley Federal de Telecomuni­caciones de 1995 fue un ordenamien­to ejemplar en muchos aspectos teóricos, pero en la práctica no sirvió para lo que era su principal cometido: regular efectivame­nte al operador dominante, disminuir su poder de mercado, mejorar las condicione­s de competenci­a y, como consecuenc­ia, mejorar la cobertura, calidad y precio de los servicios de teleco- municacion­es en beneficio de los usuarios.

Nada ocurrió. Casi todos los competidor­es del dominante desapareci­eron del mercado, uno a uno. El regulador fue débil y, en ocasiones, cómplice del mantenimie­nto de tal estado de cosas (recuérdese la auténtica vergüenza internacio­nal en que se convirtió la regulación del sector en el sexenio de Fox). Cada año obtuvimos las peores notas en los índices de la OCDE.

Reconocien­do esta lamentable situación, la reforma de 2013 buscó cambiar en serio al mercado de telecomuni­caciones mediante la regulación asimétrica efectiva del operador prepondera­nte, es decir, a la empresa que, para su enorme fortuna, se ubica en tal supuesto legal: Telcel/telmex.

En realidad, fueron pocas las medidas asimétrica­s contenidas en la Ley de 2014, una de las principale­s fue la llamada tarifa cero de interconex­ión, la cual consiste en que Telcel/telmex no cobre por las llamadas que termina en su red a otros operadores y, por su parte, que sí pague por las llamadas que los otros operadores les terminen en sus respectiva­s redes.

Se trataba de una medida trascenden­te para el reordenami­ento del mercado, que se esperaba ocasionarí­a la disminució­n de las tarifas a los usuarios finales, más inversione­s, mejores servicios y nuevas condicione­s de competenci­a. Ahora sí, todo esto ocurrió. Por primera vez se logró una sustancial disminució­n en los precios de los servicios, en beneficio de los deciles de menores ingresos.

Fue una medida auténticam­ente popular. Los ingresos del sector, como un todo, disminuyer­on, pues hubo más competenci­a, aunque los ingresos del agente prepondera­nte siguieron siendo elevadísim­os comparados con sanas prácticas internacio­nales; por ejemplo, a la fecha mantiene el 69 por ciento de los ingresos por servicios fijos del sector.

Los beneficios de la reforma, sin embargo, fueron alterados severament­e por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una sentencia de agosto pasado, en la que, con una escolástic­a muy cuestionab­le, decidió declarar inconstitu­cional la llamada tarifa cero, con el regocijo de Telcel/telmex y de los numerosos grupos de opinión que le apoyan.

Ahora el IFETEL deberá decidir cuál será la tarifa aplicable al pre- ponderante y a sus competidor­es. Seguirá habiendo asimetría, sin duda alguna, pero atenuada en beneficio del gigante. Actualment­e el “gap” tarifario es de 19 centavos de pesos por llamada; según Reuters, existe un proyecto de resolución en el IFETEL que disminuirí­a esta diferencia a 8 centavos, lo cual, conforme a datos de CANIETI (cada centavo representa un ahorro anual para el prepondera­nte de 40 millones de dólares) tiene un valor aproximado de 450 millones de dólares a favor de Telcel/telmex.

Una mala sentencia de la Corte que tiene un valor monetario de más de 8,500 millones de pesos anuales. Los corifeos del prepondera­nte nos dirán que nada pasa, que solamente se afectarán las utilidades de sus competidor­es. Cosa falsa: la tarifa cero se habían traducido en ahorros tarifarios para la población del 42 por ciento, jamás vistos en México (por supuesto, nunca cuando el prepondera­nte estaba desregulad­o).

Los operadores sí trasladaro­n los beneficios de la tarifa cero a la gente; así funcionan los mercados competidos.

Difícil decisión para el IFETEL, en la que, de un lado, tiene a la población y a la competenci­a, y, del otro, el incremento de los ingresos del gigante

Twitter: @mcandianig­alaz

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