J. SÁNCHEZ SUSARREY
JUÁREZ VIVE
‘A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas’. La máxima de Juárez rige. En México la justicia es discrecional. E independientemente de otra serie de factores, como la corrupción y la falta de recursos, allí reside una de las causas de la debilidad del estado de derecho.
La destitución del fiscal Santiago Nieto es el ejemplo perfecto. Ocurre después de la renuncia de Raúl Cervantes, con quien el titular de la FEPADE tenía una buena relación. La decisión del encargado del despacho no sólo viola el espíritu de la ley, por tratarse de un funcionario electo por el Senado, sino además no se puede explicar sin un mandato expreso del Presidente de la República.
Porque sería una ingenuidad suponer que Alberto Elías Beltrán se despertó un día con la convicción de que Santiago Nieto debía ser destituido por violar el debido proceso, sin tomar en cuenta el vendaval político y mediático que desataría. Más aún, cuando está encargado del despacho de manera transitoria y acababa de tomar posesión.
No sólo eso. Hay juristas, como Alejandro Moreno, que advierten que Alberto Elías Beltrán no cumple los requisitos para hacerse cargo del despacho, toda vez que el artículo 102 establece que para fungir como procurador se debe contar con una cédula profesional de al menos diez años de antigüedad. Requisito que el actual titular incumple, porque su cédula data de 2011.
Así que lo dicho: a Santiago Nieto se le aplica estrictamente la ley, al grado que hay seis averiguaciones abiertas en su contra, y corre el riesgo, como él mismo ha advertido, de ser detenido. Sin embargo, el requisito de antigüedad referente a la cédula profesional de Elías Beltrán se trata como un asunto menor.
La vinculación de Santiago Nieto con Jaime Cárdenas, simpatizante de López Obrador, y ahora militante de Morena, está plenamente acreditada. Se puede incluso aceptar que el extitular de la FEPADE fue muy tolerante con AMLO y sus actos anticipados de campaña, que deberían haber sido sancionados de larga data.
El problema está, por una parte, en que los nombramientos de los organismos electorales han sido politizados por los propios partidos. Y, por la otra, que Santiago Nieto fue elegido por 95 senadores de manera pública y nominal. A lo que hay que agregar que asumió su cargo en febrero de 2015 sin que, hasta su destitución, su desempeño hubiera sido seriamente objetado por alguna fuerza política.
Dicho de otro modo, se volvió un fiscal incómodo en el momento en que enfocó sus baterías sobre Emilio Lozoya, inició una averiguación y abrió la puerta para investigar el posible financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto.
Sobra advertir la enorme preocupación que esto provocó en Los Pinos, partiendo del hecho de que el fiscal sería inflexible con el PRI y Peña Nieto, amén de la tolerancia que habría mostrado ante los actos de campaña anticipados de López Obrador.
Y, por si fuera poco, estamos a escasos ocho meses de que se celebre la elección presidencial. La experiencia propia y ajena es concluyente: Josefina Vázquez Mota, en el Estado de México, se fue al tercer sitio cuando la PGR hizo público que la investigaba a ella y su familia por lavado de dinero. Y Hillary Clinton señaló que el director del FBI, James B. Comey, fue un factor relevante en su derrota, cuando advirtió que la investigación sobre los correos seguía abierta. Por eso en Los Pinos se encendieron los focos rojos y se optó por destituir a Santiago Nieto, al precio que fuera, sin importar el costo mediático ni político.
Por lo demás, las tensiones que se vivieron en el Senado, a propósito de la restitución del fiscal, ya empezaron a diluirse. De entrada, porque el propio Nieto renunció a ser reinstalado para organizar su defensa. Y, segundo, porque se votó la Ley de Ingresos, es decir, hubo negociaciones entre todas las fuerzas políticas. El mundo seguirá, pues, su curso. Ni investigación ni sorpresas sobre Odebrecht. Impunidad. Pero habrá que ver qué pasa con la FEPADE, porque ahora se suma a la acefalia de la PGR y la fiscalía anticorrupción. Vaya final de sexenio.